La Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón aprobará un Decreto-Ley que regulará los aspectos que exigen actuaciones urgentes de esta área, como los desahucios inmobiliarios, para más tarde presentar un proyecto de Ley de Vivienda.

Así lo ha anunciado la directora general de Vivienda, Mayte Andreu, quien ha comparecido ante la Comisión de Vertebración del Territorio de las Cortes de Aragón, a petición propia y del PP, para informar sobre las principales actuaciones que llevará a cabo durante la presente legislatura.

La nueva Ley de Vivienda regulará materias como la vivienda social, la calidad, la colaboración entre distintos Departamentos, la moratoria contra desahucios y el realojo obligatorio.

Además, la Dirección General está trabajando en la elaboración de un nuevo Plan Aragonés de Vivienda "que dé por concluido el actual" y aumentará el activo de viviendas. Andreu ha planteado sancionar a las entidades financieras que tengan viviendas deshabitadas e incentivar la cesión por parte de particulares, que recibirán beneficios fiscales.

Andreu ha enmarcado la gestión a realizar en el "redireccionamiento" del derecho a la vivienda para situarlo a la altura de la salud y la Educación, y ha criticado "el lamentable estado de abandono de la Dirección General".

Parque de viviendas

La Administración autonómica tiene un parque de 586 viviendas, de las que 451 son de su propiedad, 52 las ha cedido a diversas entidades y el resto son de diverso tipo, como las antiguas casas de camineros. La directora general ha firmado un contrato para el mantenimiento de este parque, lo que permitirá revisar su estado y conservarlas, ha apuntado.

Una de las prioridades de la Dirección General es el Plan de Alquiler Social de Vivienda, que durante la legislatura pasada fue dotado con 300 unidades y ha acumulado 3.950 solicitudes de alquiler, de las que 765 han sido aceptadas y 1.233 denegadas por no cumplir los requisitos. Un total de 689 particulares han ofrecido la cesión, de las que 209 la han retirado posteriormente y hay 34 pendientes de arreglar. Un total de 195 viviendas han sido arrendadas.

En cuanto al convenio firmado por el Gobierno de Aragón, durante la legislatura pasada, con el Consejo General del Poder Judicial para realojar a personas y familias desahuciadas, Mayte Andreu ha expuesto que, desde julio de 2013, ha habido 198 solicitudes, de las que 13 se presentaron en 2013, otras 66 el año pasado y 119 más en lo que va de año, 35 de estas en los últimos dos meses. "Hay que implementar recursos", ha dicho.

La directora general ha asegurado que el Plan Aragonés de Vivienda del anterior Ejecutivo "fue un calco" del elaborado por el Gobierno de España del PP. Con un presupuesto de 24 millones de euros dotado por el Ministerio de Fomento, sin que el Gobierno de Aragón pusiera "ni un solo euro", se presentaron 8.953 solicitudes de ayuda al alquiler, de las que 1.381 han sido aceptadas.

En cuanto a la rehabilitación, se han recibido 423 solicitudes, con 288 propuestas de concesión, ninguna denegada por falta de presupuesto, un apartado que tiene un presupuesto de 11 millones de euros. La Dirección General ya ha firmado acuerdos con varios ayuntamientos, entre otros los de Alcañiz (Teruel), Barbastro, Monzón, Jaca (Huesca) y Ejea de los Caballeros (Zaragoza) para promover la rehabilitación de vivienda.

Problemas "acuciantes"

En el turno de intervención de los grupos, el diputado socialista Fernando Sabés ha afirmado que la política de vivienda debe ser "transversal y, sobre todo, central", añadiendo que no solo se resolverá por la acción del Gobierno, sino con la colaboración entre instituciones y otras entidades.

En representación de CHA, Gregorio Briz ha aplaudido que Andreu ponga en el centro el derecho a la vivienda y ha criticado al Gobierno anterior, que "creó una maraña legislativa de más de 19 órdenes y resoluciones".

La parlamentaria de Podemos, Violeta Barba, ha apoyado la elaboración de un Decreto-Ley por la "situación de urgencia", que hace necesario "poner medidas que no pueden esperar a la tramitación ordinaria de una ley". Las "alternativas reales" se deben dar "ya", ha aseverado.

El popular Javier Campoy ha emplazado a Andreu a elaborar el proyecto de ley para aprobar una buena ley de vivienda y ha considerado que los problemas más "acuciantes" son la imposibilidad de algunos colectivos de afrontar los pagos de vivienda y el acceso a la misma.

Desde C's, Jesús Esteban Sansó ha defendido el derecho a la vivienda, subrayando que "compartimos la vertiente social del problema", mientras que Berta Zapater (PAR) ha considerado que el Plan Aragonés de la Vivienda "necesita una vuelta de tuerca" y ha apostado por buscar soluciones para los colectivos desfavorecidos.