Los sindicatos UGT y CC.OO. en Aragón han emprendido una campaña de recogida de firmas, que ha estimado que podría llegar a las 60.000 rúbricas, para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso de los Diputados que permita generar una prestación de ingresos mínimos a las personas que carecen de recursos, y que sería de 426 euros mensuales.

La campaña ha comenzado en los centros de trabajo y a partir del 19 de octubre se instalarán mesas informativas en la calle con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y "ejercer presión social" para que los partidos lo incluyan en sus programas electorales, ha destacado el secretario general de CC.OO. en Aragón, Julián Buey durante la presentación de esta iniciativa junto al secretario general de UGT en Aragón, Daniel Alastuey.

El objetivo es llegar a las 500.000 firmas en toda España para que se pueda iniciar la tramitación de la ILP en las Cortes Generales una vez que se verifique el recuento por la Junta Electoral Central.

En caso de admitirse a trámite se abriría un plazo de presentación de enmiendas que "si desnaturalizan mucho el texto original podría suponer su retirada", ha alertado Alastuey, quien ha confiado en que el debate se produzca en la próxima legislatura. "Probablemente el éxito de la iniciativa dependerá de un cambio político que se pueda producir tras las elecciones generales".

CUANTÍA

El montante de esta prestación de ingresos mínimos sería de 426 euros mensuales, que es el 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efecto Múltiples (IPREM) que en 2015 se sitúa en 532,51 euros y se podría percibir mientras el beneficiario se mantenga en las condiciones que dan acceso la prestación.

A esa cuantía se le sumarían complementos por cargas familiares y "colgaría de la Seguridad Social y como prestación de último recurso", ha precisado Buey.

Para acceder a esta prestación hay que tener más de 18 y menos de 65 años, residir en España de forma legal al menos desde hace seis meses, estar inscrito como demandante de empleo y haber agotado todas las prestaciones por desempleo.

Sería incompatible con las prestaciones tanto contributivas como no contributivas del sistema de la Seguridad social, pero sí sería compatible con el resto de rentas, siempre que sean inferiores en cómputo anual al 75 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sin pagas extraordinarias.

Según cálculos de ambos sindicatos, en España se podrían beneficiar unos 2,1 millones de ciudadanos que "carecen de medidas de protección y de recursos para vivir", ha resaltado Julián Buey. En Aragón podrían ser perceptores entre 50.00 y 60.000 personas desempleadas que no reciben ninguna prestación.

El coste rondaría los 11.000 millones de euros anuales que es el 1 por ciento del PIB de España, ha agregado el responsable de CC.OO. en Aragón para dejar claro, al igual que Alstuey que "se tiene que financiar vía Presupuestos Generales del Estado y colgar de la Seguridad Social como prestación no contributiva y de último recurso".

En rueda de prensa, Buey ha calificado esta ILP de "medida justa, y absolutamente necesaria" al argumentar que la sociedad "es rica y tiene recursos, pero hay dificultades en el reparto de la riqueza". También ha dicho que es una medida "de justicia social porque no se puede dejar a nadie en la cuneta ya que la mejora de la economía no llegará de forma rápida a las familias necesitadas".

Se trata de una propuesta "seria y realizable" además de que tendría efectos posteriores porque la cuantía que percibiría el beneficiario se destinaría al consumo y "se consolidaría el empleo" al tiempo que se aplicaría un sistema de impuestos para atajar el fraude, ha apostillado el secretario general de CC.OO. en Aragón.

El secretario general de UGT en Aragón, Daniel Alastuey, ha expuesto que la prestación sería universal porque no cambiaría dependiendo del territorio (Comunidades Autónomas), un derecho subjetivo porque "no estaría sujeta a la voluntariedad" de los Presupuestos Generales del Estado, cumpliría el principio de subsidiariedad porque "sería el último bloque de defensa frente a la miseria", y sería personal porque se concedería a las personas, aunque luego se apliquen complementos por cargas familiares. También sería inembargable.

Finalmente, ha comentado Alastuey que sería de carácter permanente y los perceptores tendrían que acudir a las ofertas de empleo que les proporcionara el INEM.