Unas 50 personas se han concentrado este miércoles a las puertas del Parlamento de Galicia para exigir que el tratamiento de la hepatitis C se suministre a los más de 850 presos que, en la comunidad, están afectados por este virus.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C, Quique Costas, ha lamentado que la población reclusa no esté teniendo acceso a los fármacos de nueva generación por "un contencioso" entre el Sergas y el Ministerio de Interior sobre cuál de las dos instituciones debe hacerse cargo de su coste.

Así, en momentos previos al debate plenario sobre este asunto a instancias del PSdeG, Costas ha apuntado que "un 22 por ciento" de los presos en las cárceles gallegas padecen hepatitis C y que "el 30 por ciento" de esos más de 850 enfermos sufren también VIH, de modo que su enfermedad "progresa aún más rápidamente".

Es por ello que ha incidido en que "no se puede permitir que se siga deteriorando la salud de unos enfermos simplemente porque las administraciones no se ponen de acuerdo sobre quién tiene que pagar". Así, ha pedido que se asuma el coste y que, una vez resuelto el contencioso, "quien tenga que pagarlo que lo pague o resarza a la otra parte".

"cinismo político"

De hecho, ha recordado que así lo pidió a la Consellería de Sanidade, si bien no recibió respuesta positiva. Al hilo de ello, ha sacado a colación que una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia obliga al Sergas a dispensar el tratamiento a cinco reclusos que recurrieron a la vía judicial mientras no se resuelvan las diferencias con Instituciones Penitenciarias.

"Se nos dijo que la sentencia se iba a acatar en sus justos términos, y que por tanto sólo se iba a aplicar el tratamiento a esos cinco presos y no a todos los demás en la misma situación", ha criticado Costas lo que ha considerado "un ejercicio de cinismo político absoluto".

Reclamar las competencias

Al hilo de ello, el portavoz de la plataforma gallega de afectados por la hepatitis C ha opinado que al Ministerio de Interior corresponde el pago de los tratamientos y ha juzgado que el problema se resolvería si se transfirieran las competencias sobre la atención médica de los presos a la Xunta.

Con todo, ha puesto el foco en que "mientras la cuestión siga judicializada, hay personas que están viendo agravada su situación" y que están "en riesgo de morir". "Esas personas necesitan ser tratadas con urgencia", ha exigido.