La Comisión de Garantías Democráticas de Podemos en la Comunitat Valenciana ha sancionado con un año de suspensión de militancia y de inhabilitación para desempeñar cargos en el partido a diez de los miembros de la dirección del partido en Alicante por inscribir a menores en el censo para primarias al Consejo Ciudadano y desacreditar a otros candidatos a la dirección a través de cuentas falsas en redes sociales. Entre los sancionados están el secretario local, Jesús Bustos, y la diputada autonómica Covadonga Peremarch.

Los sancionados deben entregar a la Comisión las contraseñas y cuentas de Podemos Alicante en todas las redes sociales, así como las cuentas de correo electrónico, pagina web "y cualquier otro medio de comunicación relacionado con Podemos" y que "continúen bajo su control, en un plazo máximo de siete días".

La investigación interna arrancó cuando se conoció que los sancionados compartían un grupo de Whattsapp denominado 'Ganemos Elda' en el que a través de las conversaciones reconocían haber "realizado determinadas actuaciones cuyo fin era el influir en el resultado de las elecciones tanto al Consejo Ciudadano como a la Secretaría General de Alicante". El grupo fue enviado de forma anómima a la Comisión de Garantías Democráticas.

Los diez sancionados elevaron una serie de alegaciones en las que indicaron que se trataba de un grupo "privado" en el que se realizaban comentarios "en tono de humor, sarcasmo e ironía" y que fueron "sacados de contexto". Además, argumentaron que las cuentas de redes sociales no eran "falsas" y que no existía "trato despectivo" para los compañeros de partido. Asimismo, han negado que se manipulara el censo o las actas y sí "correcciones de manipulaciones anteriores"

No obstante, la Comisión ha recordado que los sancionados no niegan los comentarios o que no aportan pruebas contrarias ni el "historial real" del grupo de Whattsapp. Ha señalado como acreditado que se facilitó la inscripción en el censo de personas ajenas a Alicante que votaron en la elección del secretario general y del Consejo ciudadano de la ciudad. Los diez sancionados disponen de un plazo de 15 días para presentar recurso ante la Comisión de Garantías Democráticas Estatal.