La Fiscalía de Área de Gijón solicita seis años de prisión para un extrabajador de la Autoridad Portuaria de Gijón, antiguo responsable del Departamento de Gestión del Conocimiento, acusado de confeccionar 37 facturas falsas y desviar 260.000 euros del organismo público a su cuenta bancaria. La vista oral está señalada para este miércoles, 30 de septiembre de 2015, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, a las 10.30 horas, según ha informado la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, en su condición de responsable del Departamento de Gestión del Conocimiento del organismo público Autoridad Portuaria de Gijón, dependiente del Ministerio de Fomento, entre los años 2005 a 2011 "confeccionó de manera mendaz, por sí mismo o por medio de otras personas", 37 facturas por un importe de 260.000 euros.

En todas las facturas se hacía constar que eran emitidas por la empresa inexistente 'The European Institute for Maritime Studies', en pago de supuestos servicios, estudios o informes prestados a la Autoridad Portuaria de Gijón; en cada una de las facturas, y como responsable del Departamento de Gestión del Conocimiento, el acusado plasmaba su firma de conformidad, para posteriormente ser aprobadas por el servicio correspondiente de la Autoridad Portuaria de Gijón.

A continuación, se llevaba a cabo la transferencia bancaria, por el importe de cada factura, desde la cuenta de Autoridad Portuaria de Gijón a una cuenta de la que el acusado era único titular. El acusado se apoderó del importe de todas las facturas, por una suma total de 260.000 euros, con el correlativo perjuicio económico para la Autoridad Portuaria de Gijón.

El acusado carecía de la condición de funcionario público, siendo su vinculación con la Autoridad Portuaria de Gijón mediante contrato laboral.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de un delito continuado de estafa. Y solicita que se condene al acusado a 6 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros (7.200 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, junto con el pago de las costas procesales. Además, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la Autoridad Portuaria de Gijón con 260.000 euros.