El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Sevilla ha emitido diligencia de ordenación tras el recurso interpuesto por el padre de una menor contra la decisión de la Delegación Territorial de Educación de la Junta en Sevilla de denegar la reagrupación familiar de la misma y de su hermana en el centro educativo concertado Bienaventurada Virgen María (Irlandesas) de la barriada de Bami.

El padre, Jaime Íñiguez, ha solicitado en este sentido al juzgado una medida cautelar para la admisión de su hija, argumentando para ello, según ha precisado él mismo a Europa Press, que otra menor en idénticas circunstancias en tercero de Primaria en el centro pretendido sí ha sido agrupada con sus hermanos, demostrando una actuación "totalmente arbitraria" por parte de la administración, dando un trato "desigual".

Considera Íñiguez que conflictos pasados existentes entre la Junta y las Irlandesas —fundamentalmente relacionados con la ampliación de ratio— desembocan en una situación en la que el Ejecutivo regional "no quiere saber nada" de un asunto que, para esta familia, deriva en que existen hasta tres hijos —de diez, ocho y tres años— escolarizados en tres colegios distintos, pues la menor de todos está en las Irlandesas pero la hermana estaría en el 'Julio Coloma Gallegos' y el tercer hermano está matriculado en el 'Al-Mutamid'.

A pesar de que esta familia cuenta con 34 puntos en el baremo, quedando los segundos en la lista, por zona de escolarización, renta baja y presencia de hermanos en el centro, y teniendo la niña una discapacidad de lateralidad cruzada, la Junta "no quiere proceder a la reagrupación". La elección del centro "coincide con nuestros ideales", por lo que reclama el cumplimiento de la normativa que reza que "se garantizará el ejercicio del derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección del centro por los padres".

Una de las principales críticas de este padre para con la administración regional es el hecho de que a pesar de haber reclamado hasta en cinco ocasiones por escrito una reunión con la Jefatura de Servicio de Planificación y Escolarización, ésta le ha sido denegada "en todo momento", lo que ha tildado de "maltrato psicológico". "Ya no quiero ni que me den la razón, pero por lo menos que me reciban", lamenta.

Según ha explicado a Europa Press su abogada, María Laffite, en el recurso, asimismo, se pone de manifiesto que, puesto que es la administración quien tiene la potestad exclusiva de otorgar las plazas y agrupar los hermanos en un mismo centro, tal y como viene obligada por ley, contra ésta se dirige la acción al haber realizado una actuación "cuanto menos irregular, pues lo ha hecho con unos y no con otros en el mismo curso y circunstancias, causando una desigualdad de derechos y una enorme indefensión para mi mandante".

De hecho, los afectados han levantado incluso un acta notarial donde se recoge testimonio de las actuaciones de la administración, "que pretende aparentar que este trato desigual lo ha propiciado el propio centro, siendo del todo incorrecto, pues es la Junta quien tiene la potestad exclusiva para escolarizar y los centros en cuestión tan sólo se limitan a ejecutar las directrices indicadas por la Delegación de Educación".