El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha asegurado este jueves que la defensa jurídica de los menores infractores está "garantizada desde el momento de su detención", con la asignación de un abogado para su defensa, durante el proceso penal y mientras se ejecuta la medida judicial impuesta.

Así lo ha trasladado De Llera en respuesta a una pregunta oral formulada en el Pleno del Parlamento andaluz por el diputado socialista Diego Ferrera, quien se ha interesado por la forma en la que garantiza la Consejería de Justicia la defensa jurídica de los menores infractores.

De Llera ha explicado que el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía contempla el turno de menores como turno especializado en asistencia jurídica gratuita, y ha recordado que, en todos los recursos privativos y no privativos de libertad, hay profesionales especializados del ámbito jurídico.

La Junta garantiza así "la información y asesoramiento de los menores sobre sus derechos y situación judicial", ha puntualizado el consejero, que ha aclarado además que, "sin perjuicio de los espacios específicos del centro que garantizan la intimidad y comunicación entre los menores y sus abogados, los centros de internamiento de menores infractores de Andalucía cuentan con sistemas de videoconferencia a disposición de los abogados para la comunicación con sus defendidos, para facilitar las entrevistas entre los mismos durante la ejecución de las medidas privativas de libertad".

También ha apuntado que la Consejería de Justicia colabora "de forma activa" con las secciones de menores de los Colegios de Abogados de Andalucía en la organización de acciones formativas destinadas a ampliar conocimientos en materia de menores, tanto para introducir a los profesionales en la especialización como de reciclaje de los abogados que ya prestan estos servicios.

Igualmente, ha señalado la relevancia, en esta jurisdicción especial de menores, de la figura del Ministerio Público, donde la Fiscalía adquiere la doble posición de promover la justicia y defender la legalidad, velando por los derechos de los menores y garantizando el superior interés del menor, y la de ser responsable de la investigación e instrucción del proceso.

Todas estas actuaciones, ha concluido el consejero, llevaron al Defensor del Menor en Andalucía a realizar "una valoración ciertamente positiva de la atención que se presta en estos recursos a todos aquellos menores y jóvenes que, habiendo cometido una actividad delictiva, se encuentran cumpliendo una medida privativa de libertad" en su Informe Especial de Diciembre de 2014.

El diputado del PSOE Diego Ferrera ha valorado este proceder de la Junta y ha recordado que Andalucía cuenta con una red de 15 centros para menores infractores a los que "próximamente" se sumará otro en Huelva.

También ha recordado que desde la Constitución se promueve la "reinserción" de los infractores como fin último de las penas, y al hilo de esta cuestión ha recordado la asignatura de Educación para la Ciudadanía que impulsó el anterior Gobierno central del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que "buscaba fomentar actitudes cívicas entre los alumnos", según ha aseverado.