El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y UGT-A han apoyado y aplaudido la derogación del decreto ley de la Junta que reconoce la antigüedad de interinos en concursos de méritos, mientras que CCOO, CSIF e ISA (Iniciativa Sindical Andaluza) han alertado de que con dicha derogación "hay 23.000 funcionarios perjudicados" y piden que se convoque de manera urgente la mesa de Función Pública para abordar el tema.

El Pleno del Parlamento ha rechazado este miércoles convalidar del decreto ley que el Gobierno remitió a la Cámara por el que se reconoce a los funcionarios de la administración autonómica los servicios previos como personal interino para computar la antigüedad en los concursos de traslado y promoción interna.

El decreto ley, que contó con los votos en contra de PP-A y Podemos, mientras que fue apoyado por PSOE-A, y Ciudadanos e IULV-CA se abstuvieron, ha quedado derogado y en consecuencia el Gobierno tendría que volver a legislar sobre la materia.

Ante esta situación, el SAF ha recordado que fue "el único sindicato que se ha opuesto a este decreto ley desde un principio, porque era una aberración jurídica y atentaba contra los derechos de los funcionarios".

Fuentes de este sindicato han indicado a Europa Press que "lo que llegó al Parlamento hurtaba al poder judicial y no acataba las sentencias del Supremo o del TSJA.

Asimismo, reconocieron sentir "vergüenza ajena" de las palabras de la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, "quien dijo medias verdades y alguna mentira, como que el decreto ley se había negociado en mesa sectorial, algo falso, pues en la mesa sectorial convocada de forma extraordinaria nos trajeron el borrador de decreto, que no se iba a negociar; solo pudimos hacer algunas alegaciones de cinco folios, y encima el borrador que se llevó después se ha cambiado".

"Jamás se ha sentado la Junta a hablar con el sindicato, algo que hicieron los otros cuatro grupos", han lamentado estas fuentes, quienes se alegran de lo que ocurrió el miércoles, cuando "ha vuelto la democracia al Parlamento, se acabó el rodillo y el Estado de decreto".

Por su parte, fuentes de UGT-A consideran que ese rechazo parlamentario "viene como agua de mayo" y les parece bien la derogación, ya que el sindicato "no estaba de acuerdo con el decreto ley tal y como estaba planteado".

Por ello, las fuentes han recordado que se han mostrado en contra del decreto "tal y como estaba planteado", ya que debe ser una medida que "tiene que afectar a todos y cada uno de los empleados públicos, no puede ser exclusivo de los interinos, sin que tiene que afectar a todos los empleados públicos, no a una parte".

Lamentan que la propuesta de la Junta "excluía al personal laboral y a los eventuales y no ha tenido en cuenta al funcionario de carrera, por lo que perjudica al funcionario en detrimento de los interinos". UGT se muestra partidario de "reconocer trabajos previos de los interinos, pero sin quitar posibilidades a otros colectivos".

UGT considera que "la Junta debería abrir una nueva opción donde se dé participación a agentes sociales y partidos".

En contra de la derogación

Por su parte, fuentes de CSIF-A han reconocido a Europa Press que "no era el mejor decreto posible, pero queríamos que se aprobara por el bien de muchos de los funcionarios de la Junta, pues era una forma de conciliar la vida familiar y laboral de los funcionarios, además de que es la única forma de promoción que tiene la Administración y que la Ley marca que debe convocarse cada seis meses"·.

Tras recordar que CSIF tiene presentado un recurso ante el Juzgado contencioso de Sevilla, por inactividad de la propia Junta, "que lleva sin convocar el concurso desde 2011 cuando está obligada a hacerlo cada seis meses", el sindicato, ante la no convalidación del decreto, exige al Gobierno andaluz que el concurso "salga con la actual legislación y la promoción interna se resuelva cuanto antes".

En ese sentido, ha instado a los grupos parlamentarios a "hacer lo máximo y con el máximo diálogo con todos los agentes implicados para que este tema se solvente de la manera más favorable para los funcionarios".

Asimismo, cree que debe convocarse "cuanto antes y con carácter de urgencia la Mesa General de la Función Pública para tratar este tema y para todos los temas pendientes, como la recuperación de la extra de 2012, de todos los derechos perdidos y todos los ataques que han hecho a los empleados públicos de la Junta, los más recortados de todo el país".

Por su parte, CCOO ha criticado que "PP y Podemos se unan a los sindicatos corporativos en el castigo contra 23.000 funcionarios" y seguirá exigiendo a la Administración, al Gobierno y a los partidos "la recuperación de los derechos del funcionariado". Lamenta que la Junta "una vez más demuestra su incapacidad para actuar en los términos y en los tiempos correctos". "La Administración no ha querido resolver un conflicto cada vez más enquistado sobre la puntuación de la antigüedad y el trabajo desarrollado, en la adscripción al puesto de trabajo, como funcionario de carrera o como funcionario interino", se lamenta.

Asimismo, CCOO considera "incomprensible" la "hipocresía" del PP, que "apoya el reconocimiento de estos derechos en el resto de comunidades autónomas y sin embargo en Andalucía, se ceba con los funcionarios". CCOO también ha lamentado la "posición irresponsable" que algunos grupos han adoptado en el Parlamento y que "en la práctica supone una nueva paralización de los concursos de méritos, imposibilitando sus expectativas de desarrollo profesional y bloqueando mejoras".

Por ello, CCOO ha exigido a todos los grupos políticos que "agilicen inmediatamente un proyecto de ley con carácter de urgencia para desbloquear lo que hoy nos han negado". Asimismo, ha pedido que las organizaciones sindicales "seamos partícipes activos del desarrollo de dicho proyecto de Ley".

Además, ha criticado que 23.000 funcionarios "paguen el pato de los rencores existentes en el Parlamento y vuelvan a pagar los errores de la Administración, pues se ha bloqueado el derecho a la promoción profesional y a la movilidad geográfica".

Este sindicato ha recordado que el Decreto Ley "permitía reconocer a los funcionarios de la Administración autonómica los servicios previos como personal interino y computar la antigüedad en los concursos de traslados y promoción interna, desbloqueando la convocatoria de dichos procesos". El sindicato ha recordado en este sentido que el último concurso "se convocó hace cuatro años, y desde entonces CCOO reclama la reposición del derecho a la movilidad geográfica y profesional".

Sanciones de la ue

Por su parte, Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) deplora "el comportamiento frívolo de los partidos, que no ven más allá de su interés partidista y de rédito electoral" y considera que "la transparencia del Parlamento de cristal ha saltado por los aires".

Asimismo, desconfía de las propuestas que han solicitado un proyecto de ley urgente, "ya que tendrá el mismo resultado que el derogado decreto, sería otra puesta en escena de una pinza electoral" y lamentan que "la posibilidad del concurso de traslados en un plazo corto de tiempo la han mutilado".

ISA ha apuntado que Andalucía "se enfrenta ahora a una sanción que la UE aplicará al haber incumplido con la carta de emplazamiento al Estado español del pasado marzo, y a PP y Podemos parece no importarle".

Tras recordar que "desde 2005 no se han convocado concursos de Administración General en la Junta con normalidad", espera que "se clarifique el panorama político en Andalucía, mientras 23.000 personas esperan una movilidad y una promoción justas", tras lo que han asegurado que PP y Podemos no les representan, y han criticado la "cobardía" de IU y Ciudadanos, además de pedir a la Junta que "haga todo los posible por desatascar esta injusticia".