El PP-A ha exigido este jueves ante el Pleno del Parlamento al consejero de Economía y Conocimiento de la Junta, Antonio Ramírez de Arellano, que abra una investigación interna en su departamento tras la decisión de la Fiscalía Superior de Andalucía de abrirse una investigación tras ser denunciado por presunta prevaricación cometida cuando era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla.

En respuesta a una pregunta del diputado del PP-A Jaime Raynaud sobre este tema, Ramírez de Arellano ha asegurado que tiene el máximo interés en aclarar este asunto cuanto antes y ha recordado que se trata de una causa que tiene un origen administrativo.

Asimismo, el consejero ha manifestado que ni él personalmente ni la Junta tienen constancia de "ninguna denuncia por fraude" en este asunto, mientras que sí existe una denuncia por prevaricación administrativa contra la Universidad de Sevilla por parte del Colegio de Arquitectos, que afectaría al procedimiento de adjudicación del contrato de redacción del proyecto de ejecución únicamente.

Ha expuesto que esta cuestión lleva siendo ya litigiosa en lo contenciosos más de cinco años. Ha indicado que ha remitido a la Fiscalía el expediente completo del procedimiento que le ha facilitado la Universidad de Sevilla.

Tras asegurar que al PP-A no le importan las universidades públicas, Ramírez de Arellano ha señalado que el Colegio de Arquitectos lleva denunciando todo lo que hace la Universidad de Sevilla en los tribunales desde hace cuatro años.

Por su parte, el diputado del PP-A Jaime Raynaud ha exigido a Ramírez de Arellano que su consejería investigue a fondo este "presunto escándalo de dimensiones muy considerables", sobre todo, después de que el TSJA ha fallado a favor del Colegio de Arquitectos, abriendo el plazo para impugnar la adjudicación en el contencioso administrativo.

Ha manifestado que solo se requirieron tres semanas para redactar el proyecto, solicitar la licencia, tramitar el expediente, dar la licencia y concederla, una "licencia express".

Como se recordará, el Colegio de Arquitectos de Sevilla denunció al actual consejero y anteriormente rector y vicerrector de la Hispalense por entender que adjudicó de manera "arbitraria" la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius).