El grupo parlamentario de Podemos de las Cortes de Aragón ha exigido este miércoles al Gobierno autonómico que aplique el Decálogo que propició su apoyo a la investidura de Javier Lambán, en lo relativo a cláusulas sociales de las contratas de la Administración, y contribuya a solucionar el conflicto en el sector de la limpieza en la provincia de Zaragoza, en el que los sindicatos están negociando el convenio colectivo. Un tercio de las limpiadoras trabajan para la Administración a través de contratas.

Los sindicatos piden aumentar el salario de estos trabajadores un 0,75 por ciento durante el primer año de aplicación del convenio, lo que supone, a jornada completa, unos 100 euros brutos anuales sobre un salario medio de 800 euros, congelado desde hace tres años, y el 1,5 por ciento los dos años siguientes.

El presidente del grupo parlamentario de Podemos en las Cortes de Aragón, Pablo Echenique, y el diputado Román Sierra han ofrecido una rueda de prensa en la que han afirmado que el Ejecutivo "debe ser responsable" y promover la mejora de las condiciones laborales de este colectivo de entre 8.500 y 10.000 trabajadoras, el 80 por ciento mujeres, facilitando un acuerdo sobre el convenio.

Pablo Echenique, quien ha recordado que numerosas empleadade de la limpieza trabajan en hospitales y colegios públicos, ha expresado que "cualquiera que viva en este planeta, y no en el que parecen vivir algunos de nuestros políticos, sabe que es muy difícil pagar el alquiler, la luz y los alimentos con 800 euros al mes y la demanda, entre comillas, de mejora que están solicitando estas trabajadoras es de menos de 10 euros al mes antes de impuestos".

A juicio de Echenique, la situación de este colectivo "es el resultado de épocas de empeoramiento de las condiciones laborales, empezando por la reforma laboral" del anterior presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y la de Mariano Rajoy.

"No solamente es una cuestión de dignidad, sino además de eficacia económica", ha señalado, exponiendo que "a alguien que gana 800 euros al mes no le sobra dinero para reactivar la economía", de forma que si amplios sectores de la ciudadanía carecen de ingresos disponibles para el consumo "la economía no sale del bache y sigue gripada".

Román Sierra ha hecho notar que las empresas del sector de la limpieza han aumentado la productividad y se han mantenido beneficios de un 20 por ciento más que el año anterior, reclamando al Ejecutivo que tenga una actitud "proactiva" y medie.

Cláusulas sociales

Pablo Echenique ha llamado la atención sobre el papel del Gobierno regional como contratante de servicios y productos, el más importante de la Comunidad Autónoma "con muchísima diferencia", ya que desarrolla una inversión pública equivalente al 15 por ciento del PIB, lo que "pone en las espaldas" del Ejecutivo "una obligación" de velar porque los trabajadores de las contratistas tengan condiciones laborales "dignas".

El presidente del grupo de Podemos ha considerado que el Ejecutivo de Lambán debe actuar no solo porque lo exige el Decálogo de investidura y lo contempla una norma de la UE a la espera de ser traspuesta a la legislación española, sino también porque aplicar claúsulas sociales a las empresas contratistas situaría a Aragón como la primera comunidad autónoma que tiene en cuenta, en sus procesos de externalización, criterios como la sostenibilidad ambiental o la no contratación de empresas con sede en paraísos fiscales.

Echenique se ha quejado de que, en los últimos años, se han seguido dos criterios para la contratación pública, "que los propietarios de las empresas sean amigos" y que el coste sea reducido, lo que repercute en los salarios.

A petición de Podemos, la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, comparecerá este jueves en la sesión plenaria de las Cortes para debatir sobre la precariedad laboral en los servicios externalizados por el Ejecutivo, en especial el colectivo mencionado. Hasta un tercio del personal del sector trabaja para instituciones públicas.