La sede de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), situada en la madrileña calle del Marqués de Mondejar, sufrió el ataque de una veintena de jóvenes ácratas, que efectuaron pintadas y lanzaron proclamas a favor de "una escuela laica y pública".

La presidenta de la CECE, Isabel Bazo, explicóque el conserje del edificio intentó cerrar las puertas, pero los jóvenes, algunos cubiertos con caretas y pelucas, lograron entrar en el vestíbulo, donde arrojaron pinturas de colores en el suelo, pegaron carteles y desplegaron pancartas.

Según Bazo, el grupo colocó en la pared fotografías del Papa Benedicto XVI, del presidente del grupo Santander, Emilio Botín, el propietario de Inditex, Amancio Ortega, el fundador de Microsoft, Bill Gates, o el presidente de El Corte Inglés, Isidoro Alvarez, junto a una pintada en la que se puede leer "Ellos deciden la educación de vuestros hijos" y "Nuestra educación no será vuestro negocio".

El grupo, convocado por el colectivo autodenominado "antiglobalización" dentro de la semana de lucha social "Rompamos el silencio", también lanzó proclamas en defensa de una "escuela laica y estatal, en contra de otros poderes, como la Iglesia, el dinero o los empresarios", a la vez que sustituyó las estrellas del logotipo de CECE por euros.

Además, los jóvenes desplegaron pancartas con lemas como "Educación sin elites", "Mercantilización es igual a precariedad", "Dinero de todos para la escuela de todos", "Escuela pública" y "La educación no es negocio".

Bazo condenó este "ultraje tan brutal" contra la libertad de enseñanza, un derecho constitucional, que defiende la Confederación, y lamentó estas acciones "de quienes no parecen dispuestos a admitir que haya otro sistema diferente al que propugnan, con métodos amenazantes y nada democráticos".

Bazo destacó que "la enseñanza no gubernamental es un modelo legalmente aceptado y necesario para el desarrollo del país, además de muy demandado por las familias y valorado por la sociedad en general".

La CECE, organización patronal que representa a cerca de 6.000 empresas educativas en España, denunció estos hechos en Comisaría y requirió la intervención de la Policía Municipal, que acudió al lugar del suceso, una vez que los jóvenes habían abandonado el edificio.