La devolución de un nuevo porcentaje de la paga extra suprimida en diciembre de 2012 a los empleados públicos, en concreto de un 26,23% —al trasponerse lo aprobado por el Gobierno central—, se producirá en Galicia en noviembre, según la voluntad que ha trasladado la Consellería de Facenda en la mesa general de negociación.

Este hecho es vinculado por los sindicatos con representación en la función pública gallega con la convocatoria de elecciones generales a final de año. Al respecto, señalan que "las prisas" se deben a que, para que esto sea posible, es necesario que en torno al 5 de octubre la ley a la que dará luz verde en breve el Consello sea aprobada en el Parlamento, puesto que es requisito "para habilitar ese dinero".

Además, las centrales reclaman —lo han hecho este martes y volverán a pedirlo en nuevas reuniones que tendrán lugar a partir de la semana que viene— la apertura de "una negociación real" para recuperar derechos y "todo el poder adquisitivo" perdido, para lo que señalan a la elaboración de los presupuestos de la comunidad para el año que viene.

Así, CC.OO., a través de un comunicado de prensa, censura que la propuesta de la Xunta sea "similar a la que el Ejecutivo estatal propuso en Madrid" y que ve "producto de la estrategia electoral del PP".

Por su parte, UGT, en palabras de su portavoz José Vázquez, en declaraciones a Europa Press, solicita la derogación de la ley de medidas, a lo que el departamento autonómico no ha respondido "de momento", y pretende que los funcionarios puedan "empezar a recuperar lo que se pueda" mediante una negociación "real".

"abrir campo de negociación"

Mientras, la representante de la CIG Carme López Santamariña ha advertido de que "pinta negro" también en lo que atañe a las cuentas gallegas de 2016. "Queremos abrir campo de negociación, pero no hay manera", señala, para, a continuación, rechazar "la tomadura de pelo" que hace prever a las organizaciones sindicales que la recuperación del 50% restante de la extra de navidad de 2012 tendrá lugar "en septiembre" si los comicios autonómicos se convocan para octubre.

Por su parte, CSIF, a través de otra nota, lamenta "la nula receptividad de la Xunta de Galicia a las demandas de los empleados públicos al aplazar en el tiempo, una vez más, las medidas encaminadas a recuperar la totalidad de las condiciones salariales y laborales y los derechos adquiridos que se perdieron desde el año 2012".

"Estamos ante una clara discriminación de los trabajadores de la administración gallega respecto a los del estado. El Gobierno de Feijóo quiso ser ejemplo de austeridad y lo fue al ser el primero en recortar a los empleados públicos y el que más recortó, y hoy demuestra que no es ejemplo de nada y para nadie al ser el último en devolver y el que menos devuelve", sostiene el sindicato.

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