El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto-ley que permitirá la integración de los consorcios escuela de Formación Profesional para el Empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), a través de la modificación de los fines de esta agencia.

Según ha informado en rueda de prensa el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, la aprobación de este decreto-ley, que se remitirá al Parlamento para su convalidación, constituye un "paso decisivo" para culminar el proceso "largo pero necesario" para la integración de los consorcios escuela en la estructura de la Junta.

De este modo, tanto los 167 trabajadores de los diez centros de la red como todo su equipamiento e infraestructura pasarán a formar parte del SAE, con lo que, según Sánchez Maldonado, se garantiza la continuidad de una oferta formativa que en este curso se impartirá a más de 4.900 alumnos.

La norma, que también establece el procedimiento para culminar la integración, justifica la "extraordinaria y urgente necesidad" requerida para su tramitación como decreto ley por la "inestable situación financiera" que atraviesan los consorcios y la "incertidumbre sobre la continuidad" de su actividad.

Con esta cobertura jurídica, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio podrá adoptar las soluciones necesarias como titular de las competencias en Formación Profesional para el Empleo, que en la pasada legislatura ostentaba Educación. Para ello, también se han modificado los fines y la denominación de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, que a partir de ahora se llamará Agencia Pública Andaluza de Educación.

El consejero ha manifestado que el objetivo es que en el próximo mes de octubre la gran mayoría de estos consorcios estén integrados de manera definitiva en el SAE y funcionando. Ha apuntado que el SAE va a asumir tantos los activos como los pasivos de los consorcios y ha garantizado que existirán "todos los controles" para que no se dé ningún tipo de "irregularidad" en un futuro, tras ser preguntado sobre el asunto de las "irregularidades" que se detectaron en algunos consorcios.

"Donde yo esté de consejero, habrá poca irregularidad", ha sentenciado Sánchez Maldonado, quien ha explicado que en una o dos semanas se llevará al Consejo de Gobierno una modificación presupuestaria para fijar la cantidad destinada al funcionamiento de los consorcios, que se estima en 12 ó 13 millones anuales.

Ha indicado que se ha seguido la recomendación de la Cámara de Cuentas de Andalucía en el sentido de que no es conveniente seguir con la fórmula de la subvención anual para la red de consorcios, sino optar por fijar una partida presupuestaria en las cuentas de la comunidad.

Tras indicar que no hay una homogeneidad en el tiempo que lleva parado cada consorcio o en los meses que sus trabajadores no cobran las nóminas, el consejero ha confiado en que en tres o cuatro semanas haya el máximo número de consorcios liquidados, estén hechas las valoraciones de sus activos y pasivos, y que empiecen a trabajar y a cobrar los trabajadores.

El consejero ha expresado que con el paso que se da hoy se culmina un proceso muy complejo y largo, pero necesario y muy esperado tanto por los trabajadores como por los alumnos de los consorcios, que siguen siendo un activo muy importante y de gran trascendencia para la creación de empleo en la comunidad.

En la exposición de motivos del decreto ley se recuerda que la actual situación de los consorcios se genera debido a las reformas introducidas por las nuevas leyes estatales de racionalización del sector público y de la Administración local, aprobadas en 2014 y 2013, respectivamente. Ambas normas establecieron modificaciones de calado que impiden la participación de las entidades locales en la red formativa andaluza.

A raíz de esta situación, el Consejo de Gobierno aprobó un acuerdo el 21 de octubre de 2014 que iniciaba la disolución de los consorcios para su posterior cesión global de activos y pasivos a una entidad jurídicamente adecuada que permitiese la continuidad de la actividad formativa. Con el decreto ley aprobado hoy, se da el paso decisivo para culminar este proceso con la integración de la red en el SAE.

La norma recoge las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía en el sentido de que la red de consorcios debía dejar de sustentarse económicamente por una subvención anual de la Junta casi en su totalidad. Asimismo, se adecúa a las medidas de rigor y transparencia del Gobierno andaluz en la gestión de la formación profesional para el empleo.

Modificación legislativa

Para facilitar la integración en el SAE, se modifica la ley de creación de esta agencia pública en el apartado dedicado a su objeto y fines, y se introduce entre ellos "la gestión de infraestructuras, los recursos humanos y el equipamiento de los centros de formación para el empleo de titularidad de la Junta de Andalucía". Igualmente, se añade la ejecución de acciones incluidas en esta materia y la planificación de la oferta que se realice por parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

En cuanto al procedimiento, la red de centros estará adscrita a la Junta a través del SAE, que se subrogará tanto en los bienes, derechos y obligaciones de sus activos y pasivos. Previamente, cada consorcio deberá aprobar un proyecto de cesión global que comprenda, entre otros aspectos, la fecha a partir de la que tendrá efectos contables y la información sobre activos y pasivos.

Tras el informe previo y favorable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, el SAE aceptará finalmente la cesión, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La Red de Consorcios Escuelas de Formación para el Empleo gestiona una oferta formativa especializada y adaptada a las necesidades específicas de cualificación en sectores económicos de zonas concretas de la comunidad autónoma.

Con un nivel de inserción medio del 90 por ciento, está integrada por los centros del Mármol en Fines (Almería); Hostelería en Cádiz; Joyería en Córdoba; Madera en Encinas Reales (Córdoba); Artesanía, Restauración y Rehabilitación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en Granada; Hostelería en Islantilla (Lepe, Huelva); Hostelería y Turismo en Puente del Obispo (Baeza, Jaén); Hostelería en Benalmádena (Málaga); La Cónsula de Hostelería en Málaga, y Artesanos en Gelves (Sevilla).

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