El Gobierno de Cantabria creará en su proyecto de Presupuesto regional de 2016 un nuevo fondo, de carácter extraordinario, de garantía alimentaria y para el pago de suministros básicos; mantendrá el Fondo de Solidaridad, dotándolo de más partida económica, y eliminará en la 'ley de acompañamiento' la medida introducida por el PP que extinguía la Renta Social Básica (RSB) a los dos años y que obligaba a volverla a someter a renovación.

La percepción de esta RSB ahora no se extinguirá y continuará "mientras se mantengan y duren las circunstancias de necesidad" y se revisará anualmente "de oficio" por parte de la Administración regional.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa por la vicepresidenta regional y consejera de Investigación, Universidades, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos (PSOE), al anunciar una serie de medidas para hacer frente a la situación de "emergencia social" que, según ha mantenido, existe en Cantabria, donde, según un "diagnóstico" elaborado por el Ejecutivo, hay "más de 160.000 personas" —uno de cada cuatro cántabros— en riesgo de pobreza y exclusión social.

Y para combatir esta situación, ha anunciado que frente a los "severos recortes" del Gobierno regional del PP en la pasada legislatura en RSB, en atención a la emergencia social y a la pobreza infantil y a la dependencia, el nuevo bipartito dedicará en el Presupuesto de 2016 un "aumento importante" de los recursos destinados a las políticas sociales.

RSB

A luchar contra la 'emergencia social' van dirigidas también las modificaciones que se introducirán en la RSB a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (la 'ley de acompañamiento' a los Presupuestos regionales), con efectos a partir del 1 de enero de 2016.

Díaz Tezanos ha explicado que el objetivo de estas modificaciones en la RSB es "llegar a más gente", eliminando algunos aspectos introducidos por el PP que "dificultaban el acceso" a esta prestación que, según ha recordado, es un "derecho reconocido por Ley" y no "como una concesión graciable" como, según ha dicho, era entendida por los 'populares'.

Y es que ha asegurado que la "instrucción" que había del anterior Ejecutivo era "evitar conceder" y "retrasar" el pago de la RSB, algo que —ha asegurado— el bipartito PRC-PSOE ha comenzado a "revertir", por una parte, incrementando la dotación económica para la RSB prevista en el Presupuesto de este año incrementándolo en los 3,5 millones que faltaban para poder acabar el ejercicio 2015.

Y por otra parte, se han aumentado, según la vicepresidenta y consejera, los medios para reducir el "infierno burocrático" y las peticiones de documentación que existían para la concesión de su ayuda con el objetivo de reducir los tiempos de resolución de las solicitudes.

Según ha dicho, en este momento hay 1.500 solicitudes pendientes de resolver y el objetivo es que "a lo largo de los próximos meses" se llegue a los "cero expedientes" de RSB a falta de resolución. Lo mismo ocurre, con aquellos que tiene que ver con las ayudas extraordinarias a la emergencia social.

En estos momentos, según Díaz Tezanos, el plazo medio de resolución de solicitudes de RSB está entre los "cuatro o cinco meses", el cual se quiere reducir hasta los 40 o 45 días o, si es posible, menos.

Además de reducir los plazos para la concesión, para el cobro de esta prestación se va a contar desde el momento en que se solicita y no desde que se resuelve la solicitud, como ahora ocurría.

Se va a introducir también en la regulación de la RSB el criterio del "interés superior del menor" en todas las incidencias que surjan en la percepción de esta prestación.

Se busca así que los intereses y necesidades de los menores "no se vean lesionadas por cualquier problema que puedan surgir".

Así, las familias podrán seguir percibiendo la RSB aunque el titular pierda el derecho a ella y si hay menores los incumplimientos de obligaciones no conllevarán la extinción del derecho por ocho meses como ahora.

También el Gobierno regional está "barajando", aunque no hay nada confirmado, la posibilidad de incrementar la cantidad que se percibe en la comunidad por la RSB, que es de 426 euros.

La socialista ha anunciado, además, que ya se está trabajando en una ley de Renta Básica de Inserción que el Ejecutivo pretende llevar al Parlamento de Cantabria.

Medidas "inmediatas"

Para otras de las medidas anunciadas por Díaz Tezanos para combatir la situación de "emergencia social" en la comunidad autónoma no habrá que esperar a 2016.

Así, ha anunciado que ya este año el Gobierno de Cantabria pondrá "por primera vez" a disposición de las familias que lo necesiten bonos de alimentos para productos frescos.

Díaz Tezanos ha explicado que en estos momentos el Ejecutivo está "estudiando" la fórmula de hacerlo, si bien ha adelantado la intención de distribuirlos a través de los Servicios Sociales de los ayuntamientos.

Además, la vicepresidenta y consejera ha anunciado también la puesta en marcha de forma "inmediata" de una Red Centinela de Pobreza Infantil para "detectar" situaciones de malnutrición en los más pequeños.

Según los datos ofrecidos por Díaz Tezanos, en Cantabria uno de cada tres niños vive por debajo del umbral de la pobreza.

Para luchar contra esta situación, el Ejecutivo regional también va a reclamar al Gobierno central (PP) los 633.000 euros anunciados para combatir la pobreza infantil anunciados en el verano de 2014 y que, según la vicepresidenta, no han llegado, por lo que se le va a exigir que "cumpla sus responsabilidades".

Respecto a este ámbito, Díaz Tezanos ha dado a conocer que, una vez han llegado al Gobierno de Cantabria, han conocido que en 2014 y 2015 la Defensora del Pueblo se dirigió al Ejecutivo regional del PP para reclamar actuaciones en materia de pobreza infantil, un requerimiento al que —ha dicho la vicepresidenta— "no dio respuesta" por parte de los 'populares'.

Sobre esta cuestión, la socialista ha anunciado que, una vez conocido el "diagnóstico" de Cantabria sobre pobreza infantil, el Ejecutivo PRC-PSOE contestará a la Defensora del Pueblo.

Además, en los "próximos días" se va a convocar una Comisión Interdepartamental de Emergencia Social, a la que pertenecerán todas las consejerías que pueden contribuir a "mejorar" la actual situación y que será el "órgano transversal" a través del que se impulsarán todas las medidas.

También se quiere poner en marcha una red de apoyo a personas y familias afectadas por la crisis que estará "liderada" por el Gobierno de Cantabria pero en la que también estarán organizaciones y entidades sociales y voluntarios que se encargarán de "canalizar" todos los recursos existentes.

Además, la intención del Ejecutivo es incrementar la coordinación con los Servicios Sociales de los consistorios, algo que, a su juicio, ha estado "muy abandonado" por parte del Gobierno del PP.

De forma genérica, Díaz Tezanos ha asegurado que, a través de este diagnóstico, el nuevo Gobierno regional ha "constatado" que el anterior Ejecutivo (PP) "no estaba dando una respuesta adecuada" a esta emergencia social pues esta cuestión estaba en el "último lugar de la agenda política" del PP, algo que, según ha dicho, ha cambiado con la entrada del bipartito, para el que ha pasado a ser una "prioridad".

Según el diagnóstico, de las 160.000 persones en riesgo de exclusión, 120.000 ya viven por debajo del umbral de la pobreza; hay cerca de 20.000 hogares en situación de pobreza energética; 78.000 que no tienen capacidad para afrontar pagos imprevistos y 11.000 que han tenido retrasos en el pago de obligaciones como la hipoteca o el alquiler.