El grupo parlamentario Compromís ha anunciado este domingo la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) para que las Corts insten al Gobierno central a iniciar el proceso de cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores de Valencia, según ha informado la coalición a través de un comunicado.

La iniciativa parlamentaria, firmada por el síndic de Compromís, Fran Ferri, y la diputada Isaura Navarro, también exige que el Gobierno ceda los terrenos de este CIE al Ayuntamiento de Valencia para transformarlo en "un espacio abierto a la ciudadanía" donde llevar a cabo "iniciativas de carácter social y vecinal".

Compromís quiere "declarar el territorio valenciano como Zona Libre de Centros de Internamiento de Extranjeros", porque según ha manifestado Navarro, la coalición considera que la existencia de un CIE en la Comunitat "es incompatible con el compromiso de la sociedad valenciana con los Derechos Humanos".

Asimismo, ha denunciado que a lo largo del internamiento, que según la diputada llega hasta los 60 días, las personas que se encuentran en estos centros "sufren una privación de libertad" que les supone "un fuerte golpe emocional", por lo que Compromís ha recordado las denuncias "reiteradas" de organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, manifestando que allí se producen "vejaciones, conductas discriminatorias e incluso agresiones físicas y psicológicas, con consecuencias para el resto de sus vidas".

Navarro ha señalado además que "se trata de personas que no han cometido ningún delito", sino que "se encuentran encerradas por una falta administrativa como es no contar con la documentación en regla". Por este motivo, la coalición ha reclamado que las Corts "condenen" las identificaciones policiales por perfil étnico, instando a que obliguen su cumplimiento los ayuntamientos, la Generalitat, así como el gobierno central.

Ocho cies en españa

En este sentido, Navarro ha destacado que actualmente, contando el de Valencia, "existen ocho Centros de Internamiento de Extranjeros a lo largo de España en funcionamiento", que según las organizaciones de derechos humanos "son cárceles encubiertas" donde "se privan las libertades de las personas encerradas" con el fin de "tramitar su expulsión del país". En el caso de Zapadores, la diputada ha criticado también su alto coste de mantenimiento, "superior a los ocho millones de euros anuales".

Con el objetivo de su cierre, la PNL presentada por Compromís insta al Consell a que "mientras se produce", se constituya "una Comisión de Seguimiento Permanente" sobre este centro "donde estén representadas las organizaciones y entidades sociales asociadas a la reivindicación de su cierre y a la defensa de los Derechos Humanos".

Además, la coalición ha abogado por crear "un comité de expertos" para realizar propuestas sobre las políticas de asilo y migratorias, en el que participen de forma activa dichas organizaciones.

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