El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha insistido este viernes, en relación con la construcción de la biblioteca de la Universidad de Sevilla (US) en el Prado de San Sebastián, que "no existieron en su momento dudas de legalidad". No obstante, ha precisado que en el actual procedimiento pidiendo la devolución de la subvención otorgada, como miembro del Gobierno andaluz y exrector, "mi opinión no tiene ninguna relevancia".

"En un momento —como miembro de la US— actúe en una cuestión donde la legalidad presidía todo lo que se hacía", ahora, cuando la Dirección General de Universidades, que fue la entidad que concedió la subvención, ha iniciado un expediente en el que la Universidad de Sevilla puede alegar, "mi opinión al respecto no tiene ninguna relevancia", ha precisado.

Tras presidir en la capital malagueña la firma de un convenio entre Andalucía Emprende y la Universidad de Málaga (UMA), Ramírez de Arellano ha incidido en que, desde su nueva responsabilidad como consejero andaluz y habiendo sido rector de la Universidad de Sevilla, "mi labor tiene que estar condicionada por el hecho de que no puedo participar en el procedimiento".

El titular andaluz de Economía y Conocimiento se pronunciaba así después de que la Junta de Andalucía haya pedido a la Universidad de Sevilla el reintegro de la subvención otorgada en su día dado que el proyecto fue fallido.

PP

Respecto a las críticas del Partido Popular, ha vuelto a solicitarle "coherencia" y ha subrayado que "el PP presentó una alegación al PGOU de 2003 en el que proponía la construcción de un edificio cultural en el mismo sitio donde se ubicaba la biblioteca".

Más aún, el consejero ha dicho al PP-A que "mi opinión ahora no es relevante, ya que, por haber sido rector de la US, tengo la obligación de no participar en el procedimiento, que no prejuzga el final y que se gestiona dentro de la más absoluta normalidad".