La Junta de Andalucía está elaborando los protocolos de actuación para la acogida de las personas desplazadas de países en conflicto que lleguen a España en función de los acuerdos de ayuda humanitaria que establezcan la Unión Europea y el Gobierno central.

Así lo ha informado este viernes el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, en un comunicado tras una reunión que ha mantenido en la sede de su departamento con representantes de las consejerías de Igualdad y Políticas Sociales, Salud, Empleo, Fomento y Vivienda, Educación y Cultura, para "coordinar todas las áreas de la Administración andaluza que tendrán una especial participación en los dispositivos de acogida e integración de las personas desplazadas de zonas de conflicto" que lleguen a la comunidad autónoma andaluza.

Según ha informado la Junta, en la reunión se han analizado "los recursos de que dispone cada consejería para procurar la atención social y sanitaria que requerirán estas personas cuando lleguen a Andalucía, su alojamiento, la escolarización de los menores desplazados, los programas para la inserción laboral y su integración sociocultural" en la comunidad autónoma, fundamentalmente.

De Llera ha vuelto a recalcar que, tal como señaló en la reciente Conferencia Sectorial de Inmigración con responsables de las comunidades autónomas y del Estado para abordar esta crisis humanitaria, Andalucía va a poner a disposición de las personas desplazadas "toda la ayuda que sea necesaria" para que se encuentren "en las mejores condiciones mientras estén acogidos" en esta tierra.

Además de esta reunión de representantes de cada una de los departamentos de la Junta implicados en los dispositivos de acogida, responsables de las consejerías de Igualdad y Políticas Sociales, y de Justicia e Interior, ya han mantenido encuentros con las organizaciones no gubernamentales más representativas que trabajan en este ámbito en Andalucía, con el objetivo de "hacer una puesta en común de todas las medidas que hay que llevar a cabo para la atención de los desplazados de las zonas de conflicto".

No obstante, el consejero de Justicia e Interior ha subrayado que esta crisis humanitaria requiere, primeramente, una "respuesta de una política de Estado", que es "el encargado de coordinar la llegada y la distribución de las personas desplazadas", así como la financiación de su mantenimiento con cargo a los presupuestos estatales y a los fondos de la Unión Europea.

Según el consejero, la organización va a resultar "crucial en una crisis humanitaria de estas características, en las que están afectadas miles de personas desplazadas de su país durante un tiempo indefinido".