La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha remitido al Gobierno central, en concreto a la Intervención General del Estado y a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, un informe con su propuesta metodológica para la aplicación de la regla de gasto a las comunidades autónomas, que implicaría una adaptación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas actual y donde propone establecer alguna cláusula de salvaguarda de la inversión pública, entre otras peticiones.

Según ha indicado esta propuesta, consultada por Europa Press, la normativa europea reguladora de la regla de gasto pretende orientar la política fiscal "hacia una gestión prudente en la que no tengan lugar incrementos permanentes del gasto sin una cobertura igualmente permanente de los ingresos", aunque valora que la principal característica de la normativa europea "es su flexibilidad en la aplicación y en la evaluación de su cumplimiento", frente la "rigidez" en los planteamientos de la normativa española sobre la regla de gasto, "que no conceden margen de flexibilidad en función de las circunstancias de las administraciones o los territorios".

En esta propuesta se alude a la "carencia" de una metodología oficial para calcular el gasto computable de las comunidades autónomas, a efectos de la regla de gasto condiciona su aplicación "al impedir a éstas realizar una planificación y un seguimiento de su actividad presupuestaria con vistas al cumplimiento de la regla".

Según avanzaba este martes 'Diario de Sevilla', esta propuesta de regla de gasto permitiría a la Junta disponer de la totalidad del aumento sus ingresos en 2016, que suman 1.712 millones de euros.

La propuesta, recogida por Europa Press, ha indicado que según la normativa actual, la tasa de referencia, fijada como una media móvil del PIB potencial durante 10 años, "puede resultar excesivamente exigente en el momento actual, cuando estamos dejando atrás un período con un comportamiento de la economía anómalo", ya que "al incluir información de los cinco años pasados, los efectos de la crisis permanecerán en el cálculo, rebajando las posibilidades de crecimiento del gasto, ahora que puede resultar conveniente consolidar el apoyo público a la recuperación, en particular, mediante la inversión pública".

La Junta ha recordado que "el proceso de consolidación fiscal de las comunidades se ha centrado en el gasto, dadas las escasas posibilidades de éstas de generar ingresos alternativos, lo que ha conducido a que el nivel sobre el que se va a aplicar la limitación impuesta por la regla de gasto sea claramente insuficiente para continuar garantizando unos servicios públicos de calidad e impulsando la recuperación económica y la creación de empleo". Por ello, al no contar con fuentes adicionales para generar ingresos, las comunidades "se ven abocadas por la regla a mantener y dejar anclado ese nivel de gasto, mientras destinan los incrementos de recaudación que cabe esperar a amortizar la deuda".

Excluir del gasto el procedente del fci y otros

Ante esta situación, la Junta plantea una propuesta metodológica para la aplicación de la regla de gasto a las comunidades autónomas que permita "realizar un seguimiento del cumplimiento de la regla, propuesta que debería ser sometida a discusión con el resto de comunidades en un grupo de trabajo creado al efecto.

La Junta aboga por "fijar plazos para que el Ministerio de Hacienda remita a las comunidades los ajustes de contabilidad nacional para que éstas puedan calcular los empleos no financieros computables a efectos de la regla de gasto"; y también propone "contemplar, dentro de las transferencias con finalidad determinada que deben ser excluidas del gasto computable, los fondos del modelo de financiación que cubren los servicios públicos fundamentales, el Fondo de compensación interterritorial y el Fondo de Cooperación".

La Junta propone "ajustar el gasto computable de referencia incorporando el efecto de las liquidaciones del sistema de financiación en el año en el que se efectuaron las entregas a cuenta", así como "excluir de los ingresos no previstos que deben ser destinados a reducir el endeudamiento neto los procedentes de sentencias favorables a las comunidades autónomas relacionadas con el sistema de financiación o de reconocimiento de obligaciones a favor de éstas en cumplimiento de disposiciones normativas estatales no previstas en el presupuesto inicial".

Además, la Junta propone una serie de recomendaciones "que implicarían una modificación y adaptación de la ley actual", como la de "excluir del gasto computable un determinado porcentaje para destinarlo a inversiones, siempre que se garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda".

En este sentido, insiste en que "sería conveniente que el Gobierno de España explorase la posibilidad de incluir alguna cláusula de salvaguarda de la inversión pública en la aplicación de la regla de gasto, algo que ya se contempla para las corporaciones locales que cumplan determinadas condiciones".

En este documento también propone "modular la aplicación de la regla de gasto en función de la posición cíclica de la economía nacional, demorando su exigencia hasta que el 'output gap' —la brecha de producción, que mide la distancia entre el PIB real y el PIB potencial, es un indicador de la posición cíclica de la economía— no sea negativo"; o valorar su cumplimiento, teniendo en cuenta las circunstancias económicas y presupuestarias en cada Comunidad".

A su juicio, "sería razonable plantear que los informes de verificación de cumplimiento de objetivos y regla de gasto que debe emitir el Ministerio de Hacienda incluyeran una evaluación conjunta de los resultados presupuestarios de cada comunidad teniendo presente la coyuntura económica, tal y como sugiere la CE, esto es, bajo un enfoque flexible y dentro del contexto del comportamiento de la economía".

Asimismo, a juicio de la Junta, "resultaría conveniente modular la aplicación de la regla de gasto en función de la posición cíclica de la economía, de manera que se evitase un sobreesfuerzo fiscal durante un período en el que el 'output gap' es todavía claramente negativo".

Valoración de la junta

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, ha manifestado este martes que, más allá de las negociaciones que se están entablando con el Ministerio de Hacienda, no se puede entender cómo desde el Gobierno se aumenta la financiación y se "condiciona para favorecer el pago de la deuda".

"El Gobierno de España prefiere que se pague a los bancos antes de atender otras necesidades prioritarias en estos momentos, como puede ser el estímulo a la creación de empleo, el aumento a las partidas de inversión o el refuerzo de los servicios públicos fundamentales", ha señalado el portavoz.

En su opinión, es un contrasentido que Andalucía reciba más dinero y se condicionen dos de cada tres euros al pago de la deuda pública y a hacer frente a las obligaciones del déficit. Ha indicado que ese no es el camino y que el Ministerio de Hacienda hace una "lectura limitativa" de la regla de gasto y "mucho más estricta" de la que marca la propia Unión Europea.

Ha señalado que la Junta quiere que ese aumento de los recursos se destine a lo que pide la gente, que es empleo, mejores infraestructuras o mejores servicios públicos. Ha dejado claro además que Andalucía está pagando su deuda "religiosamente y en plazo".

Asimismo, ha señalado que esos 1.700 millones de euros no son un "regalo" a Andalucía, sino que corresponden al aumento de la recaudación fiscal por parte de los andaluces.