La Administración aragonesa podrá resolver y notificar las solicitudes de indemnización de las víctimas del terrorismo hasta el 6 de marzo de 2016, después de que el Consejo de Gobierno haya acordado este martes prorrogar seis meses este periodo, que concluía el próximo 6 de septiembre.

Esta medida atañe a las indemnizaciones por daños personales a las víctimas y afectados por actos terroristas incluidos en la Ley de Medidas a Favor de las Víctimas del Terrorismo, aprobada por las Cortes de Aragón en 2008 y desarrollada por el Ejecutivo regional mediante una Orden de convocatoria de las ayudas.

La Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia trabaja en estos momentos con 196 expedientes, que suponen un número de afectados superior, ya que algunas de estas solicitudes incluyen a varios miembros de una misma familia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, el titular de Presidencia, Vicente Guillén, ha señalado que "tenemos un problema técnico", ya que el Gobierno regional debe cruzar los datos de las víctimas y familiares con los expedientes del Ejecutivo central para resolver las indemnizaciones.

NORMATIVA

La Ley tiene por objeto el reconocimiento de quienes hayan sufrido actos terroristas y establece un conjunto de medidas y actuaciones destinadas a las víctimas del terrorismo consistentes en indemnizaciones por daños físicos y psíquicos, reparaciones por daños materiales, subvenciones, acciones asistenciales y distinciones honoríficas.

Esta norma autonómica atiende a las víctimas por actos terroristas ocurridos entre el 10 de agosto de 1982 y la fecha de entrada en vigor de la propia ley, el 3 de julio de 2008. Posteriormente, se amplió la retroactividad de la ley hasta alcanzar como fecha inicial de los actos terroristas el 1 de enero de 1960.

En ejecución de esta norma, el Gobierno de Aragón dictó la orden de 5 de septiembre de 2014 por la que se abría el plazo de presentación de estas solicitudes, que resolverá el propio Gobierno de Aragón. El plazo de presentación finalizó el pasado 6 de marzo, por lo que el plazo de resolución finalizaba el próximo 6 de septiembre, plazo que ahora se amplia seis meses.

Los datos proporcionados en las solicitudes exigen un estudio y análisis de cada unos de los expedientes, así como la petición de informes aclaratorios de los datos proporcionados al no contar con los expedientes tramitados por el Ministerio del Interior y no disponer de toda la información precisa, han apuntado desde el Ejecutivo autonómico.

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