El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha instado hoy a los grupos de la oposición en las Cortes a iniciar de inmediato, este mismo mes de septiembre, la reforma del Estatuto de Autonomía para "blindar" y conferir "norma de rango superior" a las políticas sociales, fortalecer el papel de las Entidades Locales y garantizar la calidad democrática en las administraciones públicas.

De Santiago-Juárez, durante su intervención en la Comisión de Presidencia, donde, durante una hora y tres cuartos, ha desgranado los principales objetivos de su departamento para la presente legislatura, ha situado la reforma del Estatuto como prioritaria a fin de incluir en ella tanto el sistema de servicios públicos de responsabilidad pública como la Red de Protección a las Personas y Familias, junto con la fijación de un suelo de gasto social, además del reconocimiento del papel de las Entidades Locales como prestadoras de servicios de proximidad, sin olvidar otras medidas en materia de calidad democrática, como la limitación de mandatos de los reponsables públicos.

Y es que el titular de Presidencia, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha fijado para esta segunda quincena de septiembre el tope máximo para el inicio del proceso mediante un trabajo conjunto del Gobierno regional y los grupos parlamentarios, dada la "complegidad del mismo porque requiere de mayorías cualificadas y ha de pasar por las cámaras Alta y Baja", ha advertido De Santiago-Juárez, quien entiende que la materia objeto de "blindaje" no supone interferencia alguna ante una posible reforma de la Constitución.

Además, en materia de regeneración democrática y calidad política, la Consejería de la Presidencia prevé impulsar a este respecto tres normas con rango de Ley: el Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración Autonómica, que se remitirá a las Cortes en menos de un año y también incluirá a altos directivos del sector público; la modificación de la Ley de Gobierno, y el Anteproyecto de Ley de Atención a las Víctimas del Terrorismo.

En el primer caso, ha anticipado la inminente aprobación de un Acuerdo de Junta por el que se establecerá un código ético, de austeridad y buenas prácticas de sus altos cargos, que posteriormente formará parte de la regulación del desempeño del ejercicio de alto cargo, mientras la modificación prevista de la Ley de Gobierno supondrá limitar a ocho años el desempeño del cargo de consejero e incluir la celebración periódica de consejos de dirección de las consejerías fuera de su sede ordinaria, recorriendo la Comunidad y reservando un tiempo para recoger sugerencias y propuestas de los ciudadanos y de las organizaciones sociales. En este sentido, ha anunciado ya este mismo mes la celebración del primer Consejo de Dirección y la primera Comisión de Secretarios Generales de su departamento abiertos a los ciudadanos.

En cuanto a los afectados por la barbarie terrorista, antes de julio de 2016 se habrá elaborado el anteproyecto de Ley de Atención a las Víctimas del Terrorismo, que contemplará la creación de un Comisionado, regulará un régimen de reconocimientos, derecho a asistencia jurídica y el apoyo al movimiento asociativo. El inicio de los trabajos para la elaboración de esa norma se producirá el próximo día 14 de septiembre, con una primera reunión con la Asociación Autonómica de Víctimas del Terrorismo, de reciente creación.

La transparencia en el área económico financiera es otra de las medidas de Presidencia para esta legislatura, fundamentalmente respecto de los contratos de la Administración regional, incluidos los menores. En este sentido, el consejero entiende que la transparencia "puede ser un antídoto contra la corrupción, pero no es su principal objetivo, pues la información genera participación de los ciudadanos en las políticas de sus gobiernos".

Completar el nuevo modelo de ordenación

En la agenda de Presidencia guarda igualmente un lugrar preponderante la necesidad de completar el nuevo modelo de Ordenación Territorial, después de que 1.600.000 ciudadanos estén adscritos a las Áreas Funcionales Estables y queden aún por articular medidas que favorezcan a otros 900.000 restantes del mundo rural y cuyo mapa no está aún delimitado. Por ello, De Santiago-Juárez ha anunciado que e primer borrador de este nuevo mapa se hará público en la página de Gobierno Abierto de la Junta antes de finalizar este mes de septiembre.

Una vez definidas las unidades básicas de ordenación rurales, se configurará el mapa de las Áreas Funcionales Estratégicas -áreas con mayores problemas económicos y demográficos, o afectadas por circunstancias de gravedad especial-. Al tiempo, se elaborará el Plan Plurianual de Convergencia Interior, que será el conjunto de programas específicos de desarrollo destinados a las Áreas Funcionales Estratégicas, y se nutrirá del Fondo Autonómico de Compensación Territorial que prevé el Estatuto de Autonomía.

De Santiago-Juárez ha indicado que, vinculado con el modelo de ordenación del territorio, surge el objetivo de seguir mejorando la gobernanza y la financiación local en Castilla y León. Y con ello se ha comprometido a destinar en el período 2015-2019 una cifra no inferior a 250 millones de euros para la Cooperación Económica General con las entidades locales. Además, en los proyectos de Presupuestos de esta legislatura se insertará una línea de cooperación específica y preferente a favor de las Mancomunidades de Interés General para incentivar su constitución y en este periodo se dispondrá de 43 millones de euros para medidas, planes o programas de empleo de las provincias y los municipios con población superior a 20.000 habitantes para hacer frente a los desafíos demográficos.

Otro de los pilares de la acción de gobierno de la Consejería de Presidencia se centrará en una reforma en profundidad de la Función Pública en Castilla y León y la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos. En el primer año, se intentará alcanzar un gran acuerdo para mejorar las condiciones laborales e incrementar las expectativas de desarrollo profesional de este colectivo, compuesto por 84.400 empleados, de ellos 71.800 con la condición de funcionarios y estatutarios y otros 12.500 laborales.

Así, el Gobierno autonómico negociará, desde este próximo día 15 de septiembre, un nuevo Convenio Colectivo para el personal laboral, y aprobará próximamente el Plan de Prevención de Riesgos Laborales. A tal efecto, se ha convocado ya al Comité Intercentros de seguridad y Salud para el día 11 de septiembre, y siete días después se convocará la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos, tras lo cual la Junta aprobará dicho plan a primeros de octubre.

Entre los nueve objetivos marcados por De Santiago-Juárez para la legislatura se incluyen la mejora de la gobernanza y la financiación local en Castilla y León, de forma que al trabajo con el Consejo de Cooperación Local, la Federación Regional de Municipios y Provincias y el Consejo Comarcal de El Bierzo se sumará la Conferencia de Ciudades de Castilla y León que la Junta pretende impulsar como foro de coordinación y de encuentro.

En este sentido, la financiación local se plantea como un tema crucial, algo que, según el consejero, ya se atendió en parte incluyendo a las Entidades Locales en los impuestos, propios y cedidos, de la Junta, pero que deberá dar un paso más mediante la exigencia al Gobierno central de una reforma del modelo de financiación local, vinculada al nuevo modelo de financiación autonómica, que incorpore previsiones diferenciadas a favor de los pequeños municipios.

La 'hoja de ruta' desgranada por el consejero tiene también entre sus prioridades potenciar las relaciones con el Gobierno y resto de CC.AA, mejorar su presencia en el exterior e impulsar adecuadas políticas migratorias y de cooperación al desarrollo.

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