El Ayuntamiento de Málaga abrirá este próximo mes de septiembre la convocatoria de ayudas durante un año para el alquiler de viviendas, de las que se beneficiarán más de 400 familias en exclusión social. También podrán acceder a los recursos de primera necesidad infantil que se ofrecerán en colaboración con la asociación benéfica Biberódromo y a la cobertura de suministros básicos —luz, agua y gas—.

Esta actuación se enmarca en el plan de emergencia social del Ayuntamiento, dotado con 2,1 millones de euros y que tiene tres ejes fundamentales: vivienda, atención de las necesidades básicas y promoción del empleo. La primera iniciativa de esta prueba piloto, cuyo objetivo es que continúe en 2016, se ha llevado a cabo durante este verano y ha consistido en la ampliación, a través de Cáritas, del servicio de comedores escolares.

El concejal de Derechos Sociales, Julio Andrade, ha explicado que la población objetivo de este plan está formada por las casi 450 unidades familiares valoradas por la Comisión de Familias en Riesgo de Exclusión Social (FRES), un mecanismo articulado por el Ayuntamiento y del que forman parte diferentes áreas municipales.

Según el edil del PP, "son personas que no tienen vivienda o acaban de perderla por un desahucio o porque no pueden pagar el alquiler, y que tienen a familiares a su cargo, ascendientes o descendientes". Al tener los expedientes completos de todos ellos, podrían cobrar las ayudas al alquiler desde el mismo mes de septiembre.

El objetivo es que las tres áreas implicadas en este plan de emergencia —Derechos Sociales, Vivienda y Empleo— desarrollen "una acción integral", ha manifestado a Europa Press Andrade, de modo que "estas familias puedan salir del círculo vicioso en el que se encuentran". "La idea es pensar que en un año sean capaces de romper el círculo de la pobreza", ha señalado.

EMPLEO

Por ello, con la idea de que puedan acceder a un puesto de trabajo, se ha llegado a acuerdos con la Fundación Secretariado Gitano, Arrabal-AID y Cruz Roja para contar con prospectores laborales que identifiquen los perfiles de estas personas y se les pueda ofrecer una formación específica. El propósito es que su inserción pudiera ser una realidad al final de este año.

Para esto, se contará con una red de empresas solidarias, que ya se han comprometido a insertar laboralmente a las personas que superen esta formación. Los beneficiarios de estos cursos, de unas 200 horas de duración, tendrán cubiertos todos los gastos derivados de desplazamientos o comida, según Andrade.

También en materia de empleo, el plan de emergencia contempla un servicio de orientadores laborales, que se localizarán en los 11 centros de Servicios Sociales Comunitarios —uno como mínimo y dos en aquellos que atienden a un mayor volumen de población, como pueden ser los de Carretera de Cádiz o Cruz de Humilladero—.

De esta medida no solamente se beneficiarán las familias del FRES, sino, en general, todos los usuarios de los Servicios Sociales. Estos orientadores les explicarán cómo presentar un currículo, cómo afrontar una entrevista de trabajo, etcétera.