«Yo dejé a la Diputación dos niños sanos y me han devuelto uno absolutamente perdido», lamenta. Cobra 579 euros al mes de subsidio social; cantidad escasa para mantener a dos hijos, e irrisoria para la tarifa de un psiquiatra.

Mientras espera a que la Diputación salga en su auxilio, vive en un piso de Uribarri junto a los dos chicos. Es una vivienda que el Estado subastó cuando ella estaba en la cárcel para pagar sus deudas. Ahora está pendiente de que la subasta se ejecute, y ella quede en la calle.

«Es una situación demencial», dice. Camina por la calle sostenida con muletas por una enfermedad degenerativa. Un andar esforzado por la vida, metáfora de una situación enquistada. María Gloria Ortiz explica que a sus lesiones de espalda se le suman problemas visuales. Actualmente se encuentra incapacitada para trabajar y está tramitando la invalidez total.

Todo empezó el 1 de abril de 1989 cuando una casa cuya propiedad compartía con su padre y hermanos en Basurto se incendió. María Gloria fue acusada y condenada, y en agosto de 2002 entró en prisión; pero aún sostiene su inocencia, cree que fue víctima de una indefensión por el letrado.

Tramita un recurso de amparo

María Gloria Ortiz. Madre de dos hijos. 53 años.

«Soy inocente»

«Perdí el juicio por una coartada que no pude demostrar: que el día que se incendió la casa yo estaba enferma en Vitoria. La abogada que me defendió me decía que buscara yo las pruebas, que siendo de oficio qué más quería que hiciera. Voy a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Aunque el daño ya está hecho, no me merezco todo esto».