La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación se ha marcado como objetivos, entre otros, ampliar el presupuesto de Cooperación para 2016 al menos hasta llegar a la media de las comunidades autónomas por habitante. Además, pretende aprobar y comprometer un plan de cumplimiento del 0,7 por ciento en un plazo máximo de ocho años, cumpliendo así con el Pacto contra la Pobreza.

Así lo ha explicado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mònica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en el que se ha estudiado un informe de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación sobre el estado de la cooperación valenciana.

Entre otras cuestiones, este estudio refleja una caída en la inversión en los presupuestos desde 2008 hasta ahora. En concreto, ha pasado de una partida de cerca de 69 millones de euros a casi cuatro millones en ocho años, es decir, el presupuesto destinado a cooperación se ha reducido del 0,44 al 0,02 por ciento.

Mònica Oltra ha destacado que la valenciana está "a la cola" de las comunidades en inversión por habitante en esta área. Así, ha indicado que mientras que la media española está en 3,47 euros, la valenciana se sitúa en 60 céntimos por persona.

Otro dato que contiene este informe es que todavía están pendientes de pagos ayudas por un valor de 624.998 euros de 2014. Además, no se ha sacado la convocatoria de este año, a pesar de que, según la portavoz del Consell, estas subvenciones tendrían que haberse publicado en mayo y ahora ya se está fuera de plazo para gestionarlas y resolverlas.

Por ello, uno de los compromisos que la Conselleria ha adquirido con las ONGD valencianas es que el dinero de este año se sume al de 2016 y que la convocatoria se haga en la última semana del mes de enero. Por otro lado, la Dirección General de Cooperación se ha encontrado con que existen 558 expedientes de proyectos sin revisar acumulados desde 2006 por un valor de 96 millones de euros.

Para cerrar el capítulo presupuestario, el informe hace referencia a la situación judicial con los ocho contenciosos administrativos abiertos de las ONGD contra la Generalitat, y por los que la administración autonómica ya ha tenido que pagar 874.000 euros, y con las tres piezas del caso Blasco, dos de ellas todavía pendientes de juicio.