La Audiencia de Las Palmas ha revocado este jueves el auto de la juez que ordenó el ingreso en prisión de Josefa Hernández, la vecina de Fuerteventura condenada a seis meses por construir su casa en un espacio protegido, decretando su inmediata puesta en libertad.

La mujer, de 62 años, ha abandonado el centro penitenciario de Tahíche poco antes de las 19 horas. "Estoy superfeliz y muy, muy agradecida", ha señalado Hernández a las numerosas personas que la aguardaban a la salida del penal, entre ellas sus hijas, varios parientes y el alcalde de su pueblo, Betancuria, Marcelino Cerdeña (independiente).

Hernández fue condenada en 2012 a seis meses de prisión por el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario por realizar obras de ampliación de la casa que heredó de sus padres en el Parque Rural de Betancuria, a pesar de tener conocimiento de que no podía hacer ese tipo de obras, a través de otras denuncias anteriores.

La mujer, que comparte esa vivienda con dos hijos y tres nietos menores de edad, disfrutó inicialmente de una suspensión de condena que le evitó ingresar en prisión, pero el juzgado que la condenó le retiró ese beneficio este mismo verano, ya que no solo derribó lo ilegalmente construido, sino que siguió haciendo nuevas obras.

La juez sostenía que su conducta daba muestras de una "actitud rebelde al cumplimiento de una resolución firme, que en ningún caso la hacen merecedora del otorgamiento de beneficio alguno en cuanto a la ejecución de la pena de prisión impuesta, ya que en ningún momento ha mostrado intención alguna de cumplir con lo acordado en la sentencia firme del 30 de marzo de 2012 (la demolición)".

La magistrada envió por ello a Hernández a la prisión de Tahíche (Lanzarote), donde ingresó el pasado lunes, pero lo hizo con la oposición de la Fiscalía de Canarias, que era partidaria de mantener la suspensión de condena, al menos hasta que el Consejo de Ministros decidiera si aceptaba o no su solicitud de indulto.

De hecho, tanto el fiscal como la Fiscalía impugnaron esa orden de prisión el martes en un recurso que ahora ha aceptado la sección primera de la Audiencia de Las Palmas.

La decisión del tribunal no tiene nada que ver con la medida de gracia que previsiblemente le va a otorgar el Gobierno, sino con que los magistrados consideran que Josefa Hernández es una persona de "escasa peligrosidad", que "ahora sí", subrayan, manifiesta una disposición "aparentemente firme" de cumplir su sentencia.

La Audiencia cree "prudentes" las razones que llevaron al Ministerio Fiscal a pedir su liberación, pero también defiende a la juez que mandó a Tahíche a Josefa al apreciar en ella una "actitud rebelde" y reacia a derribar lo que ilegalmente había construido.

"Vaya por delante que los argumentos de la magistrada de instancia para denegar la suspensión de la pena privativa de libertad no nos parecen, para nada, insensatos ni descabellados, sino sólidos y consistentes, porque lo cierto es que la condenada no ha procedido a la demolición de lo ilegalmente construido (...) y puede incluso haber construido con posterioridad una nueva pequeña edificación", razona el magistrado Miguel Ángel Parramón, en nombre del tribunal que ha dejado en libertad a Josefa.

La Audiencia recuerda a Josefa que sus circunstancias personales -medios escasos, avanzada edad y cuidado de tres menores y una discapacitada- ya fueron tenidas en cuenta en su momento para imponerle la condena que corresponde a los delitos contra la ordenación del territorio en su grado mínimo (seis meses).

Pero, además, le advierte de que esas razones personales "no justifican desde luego la pasividad mostrada ante su deber de reparar el daño causado" a un espacio natural protegido.

El tribunal no solo defiende a la juez que encarceló a Josefa al calificar de "sólidos" sus argumentos, sino que lanza un serio reproche a la anciana: "La Sala considera que buena parte, si no toda, la culpa de la denegación de la suspensión cabe situarla en el solo haber de la condenada, que no ha mostrado la probidad exigible en la reparación del daño causado que se espera de un condenado".

Sin embargo, se inclina por darle una segunda oportunidad, a apelando a su "poca peligrosidad" y a la "función resocializadora y de reinserción" que tienen las penas de acuerdo con la Constitución.

Eso sí, le impone dos condiciones: no podrá cometer delito alguno en cinco años y deberá derribar lo ilegalmente construido en seis meses, un plazo que considera "suficiente" para que "consiga los medios económicos, si los tuviere, así como las ayudas administrativas" a las que aludía su defensa en la apelación.