Podemos Córdoba considera que la solución al fenómeno de las parcelaciones desarrolladas fuera del ordenamiento urbanístico debe estar basada en "los principios constitucionales, entre otros, de igualdad y seguridad jurídica, reconociéndose que la planificación urbanística debe ser el instrumento de garantía de distintos derechos constitucionales", como "el derecho de igualdad, bienestar y calidad ambiental, así como el de acceso a una vivienda digna, seguridad jurídica, etcétera".

En una nota, Podemos se muestra "partidario de la normalización e integración en la estructura territorial de aquellos ámbitos consolidados surgidos de actuaciones al margen del planeamiento urbanístico, siempre que sean coherentes con un modelo territorial compacto y sostenible, que mejore y complete su ordenación estructural", todo ello con el propósito de "posibilitar una mayor calidad de vida de sus residentes y desde la aplicación de los deberes urbanísticos que toda la ciudadanía está obligada a cumplir".

En este sentido, la organización destaca que coincide con la postura de Ganemos Córdoba acerca de las parcelaciones construidas fuera del ordenamiento urbanístico en las últimas décadas, donde estas urbanizaciones responden a "muy diversa etiología, aunque común a todas ellas son sus extraordinarios impactos medioambientales y el desarrollo de un modelo de ciudad extensivo, que ha agudizado los problemas de motorización, pérdida irreversible de recursos naturales no renovables, etc", advierten desde Podemos, que creen que "no se debe generalizar y habría que distinguir tres realidades diferentes".

En concreto, señalan las parcelaciones incorporadas ya por el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) al modelo de ciudad. "Sobre ellas solo cabe la continuidad de los trámites establecidos en el planeamiento, urbanización a cargo de los propietarios, dotación de infraestructuras, etcétera, realizando dichas actuaciones con el menor impacto medioambiental posible", destacan.

Por otra parte, están "las no incorporadas aún, pero con expectativas de que una futura revisión las incorpore", identificadas y previstas por el Avance de Planeamiento redactado por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y aprobado definitivamente. "Para estas habría que adoptar medidas paliativas y arbitrar fórmulas eficientes para la prestación de los servicios básicos", según explican.

Y en tercer lugar, aquellas que por estar en suelos de especial protección, en suelos de riesgo, dominio público, etc. y que "no han sido ni tan siquiera identificadas como asentamientos, sobre las que no ha prescrito aún el delito urbanístico, y sobre las que no cabe otra cosa que la iniciación de un proceso a medio y largo plazo para la restitución a su estado anterior", aunque, agregan, "siempre prevalecerá como prioritario arbitrar soluciones para aquellas personas afectadas que no tengan recursos para disponer por sí mismas de una alternativa habitacional".