Los 3.118.000 trabajadores españoles por cuenta propia disponen ya de un Estatuto que regula su actividad y con el que se cumple una reivindicación histórica de este colectivo, cuyo ordenamiento jurídico se remonta a 1970, cuando se creó el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves definitivamente, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo que define la figura del trabajador por cuenta propia y establece un catálogo de derechos y deberes de este colectivo.

Entre sus contenidos destaca la regulación de la prevención de los riesgos laborales, la garantía económica para el trabajador, el régimen profesional del autónomo económicamente dependiente, la posibilidad de contratar a los hijos menores de 30 años o la creación del Consejo del Trabajo Autónomo.

"Punto y final a la situación de desprotección"

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, dijo que el Estatuto "pone punto final a la situación de desprotección" de los autónomos y afirmó que la Ley es un reconocimiento a su derecho a la igualdad y a no ser discriminados en ninguna circunstancia.

Caldera subrayó el derecho de los autónomos a conciliar la vida familiar y laboral, la protección de los menores de 16 años, las garantías económicas para el cobro de sus retribuciones, la protección de su vivienda habitual o el derecho a la salud y seguridad en el trabajo.

El diputado del PP Vicente Martínez Pujalte valoró la regulación de los autónomos económicamente dependientes, aunque dijo que "no nos gustaría que se convirtieran en una figura para mercantilizar las relaciones laborales".

Gaspar Llamazares, de IU-ICV, destacó la "gran importancia" que tiene la regulación del trabajador autónomo económicamente dependiente, aunque alertó del riesgo de que se produzca un "trasvase" de contrataciones que perjudique a los asalariados.

"Precariedad" laboral

El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, subrayó que estos trabajadores pueden sufrir "precariedad" laboral ya que a un empresario "le sale más barato" contratar a uno en esta situación que a un asalariado.

Para el portavoz de ERC, Joan Puig, la regulación no reconoce aspectos como el grado de dependencia del autónomo o la limitación de jornada.

El portavoz de CiU, Carles Campuzano, consideró que la Ley mejorará las condiciones del autónomo, si bien lamentó que no se hayan incorporado más medidas de equiparación social con el resto de trabajadores.

El diputado de CC, Luis Mardones, afirmó que el Estatuto "actualiza y renueva los derechos" de los autónomos, mientras que la parlamentaria socialista Isabel López subrayó la "repercusión positiva que la Ley supondrá también para las familias" de los autónomos.

Falta regular la situación de desempleo

El secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Sebastián Reina, valoró la regulación de los económicamente dependientes y recordó que falta regular la situación de desempleo de los autónomos, mientras que para Soraya Mayo, de al Asociación de Trabajadores Autónomos, el Estatuto termina con la situación de "ciudadanos de primera y de segunda".

La Organización de Profesionales y Autónomos (OPA) denunció que el 80 por ciento del articulado de la Ley se dirija a la figura del "falso autónomo", que es minoría respecto al total de afiliados en el RETA, mientras que la Asociación Nacional de Empresarios y Profesionales Autónomos (ASNEPA) cree que la ley tiene "graves carencias", como permitir contratar a familiares directos en los negocios de los autónomos, pero no se les reconoce el derecho a la prestación por desempleo.

Por su parte, CCOO denunció que los derechos de los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE) son "insuficientes" y pueden utilizarse para presionar a la baja sobre las condiciones laborales en el mercado laboral.

Previsiblemente, la Ley entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).