La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha recomendado a través de una nueva resolución recogida por Europa Press, que frente a la "discriminación" sufrida en las tarifas por los atletas de la edición 2015 de la Maratón Ciudad de Sevilla, se establezca "una nueva tarifa en condiciones igualitarias para todos los deportistas, residentes y no residentes (en la capital), con bonificaciones sólo en función criterios previstos en normas con rango de Ley".

Hablamos del intenso debate suscitado en torno al nuevo modelo de gestión de la Maratón Ciudad de Sevilla, después de que el Ayuntamiento hispalense adjudicase a la empresa Motorpress Ibérica la organización completa de las ediciones 2015, 2016, 2017 y 2018.

Mediante este modelo de gestión, el Ayuntamiento queda eximido de costes en la celebración de la prueba, mientras la empresa adjudicataria asume tanto tales costes, como los ingresos económicos derivados de las inscripciones, los patrocinios y la explotación comercial del evento.

Los precios de la primera edición organizada por Motorpress Ibérica, la de 2015, oscilaban entre los 22,95 euros para los sevillanos empadronados en la capital hasta el 31 de diciembre de 2014, y desde 30 euros para los 1.000 primeros en inscribirse como no residentes en el municipio de Sevilla. Y es que el precio de las inscripciones generales iba aumentando progresivamente por tramos; 35 euros desde el 1.001 hasta el 3.000; 40 euros desde el 3.001 hasta el 5.000; 45 euros desde el 5.001 hasta el 7.000; 50 euros desde el 7.001 hasta el 9.000; 55 euros desde el 9.001 hasta el 10.000 y 70 euros hasta el 10.500.

La apertura del periodo de inscripción de aquella edición, la de 2015, estuvo marcada por múltiples quejas de los atletas en lo que se refiere a la confirmación de las personas preinscritas al colapsar la página web habilitada para ello.

Después, y merced a la iniciativa de unos 30 clubes de atletismo, el pleno de la Diputación provincial reclamó por unanimidad a la empresa organizadora del evento que corrigiese las desigualdades de precio entre los atletas empadronados en Sevilla capital y en el resto de la provincia, reclamando la supresión del "distinto trato de corredores de Sevilla respecto a los no empadronados, la eliminación de precios especiales para entidades y clubes y la subida de precios".

"discriminación y subida de precios"

Los clubes se quejaban de la "discriminación de las entidades de la provincia y los no empadronados en Sevilla" capital, quienes a la hora de las tarifas de inscripción sufren "una subida de precios que descubre una discriminación entre corredores/as y crea un perjuicio a los atletas de la provincia que". El corredor no empadronado, según los clubes, llegaba a pagar "hasta el triple de lo que abona un residente en Sevilla, que son 23 euros".

El popular Juan Ignacio Zoido, entonces alcalde de Sevilla, defendía la "decisión" de que los empadronados en la capital andaluza cuenten con un "precio especial", pero aseguraba que la petición sería valorada para la próxima edición.

Pues bien, en este punto entra en juego la actuación "de oficio" incoada al respecto por la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que incluso celebró una reunión con la Plataforma Salvemos la Maratón de Sevilla, formada por "un colectivo de 50 clubes andaluces disconformes con la gestión" del evento, "entendiendo que se había privatizado con la excusa del nivel internacional alcanzado y había perdido su condición de popular". Los clubes, así, mostraron ante el departamento de Maeztu su rechazo a la "subasta de dorsales", al implicar una "gran discriminación" tanto entre los corredores empadronados en Sevilla y los ajenos a la capital, como entre estos últimos a cuenta del progresivo aumento del precio de los dorsales.

La "subasta de dorsales"

Tras examinar el asunto, la oficina de Maeztu ha emitido una resolución, recogida por Europa Press, en la que expone, de entrada, que "la diferencia de trato no vinculada ni a criterios de capacidad económica, ni a razones sociales, benéficas, culturales o de interés público, no es respetuosa con aquellos derechos y principios del Ordenamiento Constitucional".

A partir de ahí, la resolución constata "el distinto precio de la inscripción en función del número de dorsal asignado", mediante el cual "mientras al residente se le respeta el coste de 23 euros hasta final de año, para los no residentes el transcurso de los minutos supuso el tener que abonar de 35 euros, a 40, 45, 50 o 55 euros", con lo que "además de la discriminación que concurre entre residentes y no residentes, dicha subasta de dorsales vino a agravar y a suponer un plus para los no residentes".

Dado el caso, Maeztu recomienda "un estudio de costes para la financiación del servicio" y "una nueva tarifa en condiciones igualitarias para todos los deportistas, residentes y no residentes, con bonificaciones tan sólo en función de lo criterios previstos en normas con rango de Ley, como es el caso de los discapacitados, y en función de criterios genéricos de capacidad económica, es decir jubilados y desempleados".

Además, demanda la modificación de los plazos ya establecidos para la inscripción, estableciendo un "sistema por periodos de tiempo y en proporción a la lejanía de la prueba", así como conservar el "espíritu popular" de la prueba mediante una "mesa de trabajo en la que tengan participación los clubes".