El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha interpuesto una denuncia penal contra el Ayuntamiento de Rentería por conceder una subvención a un local del municipio guipuzcoano que había sido "condenado por el Tribunal Supremo por formar parte del entramado de financiación de ETA" dento del sumario de las 'Herriko tabernas'.

En concreto, ha acusado al concejal de Cultura, Ion Collar Rioseco, al alcalde, Jon Mendoza Pérez, y a los miembros del equipo de Gobierno de sendos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite ya anunció este pasado fin de semana que interpondrá denuncia contra el Ayuntamiento, que dirige EH Bildu y Errenteria Irabaziz, si no retiraba esta subvención que, según explicaba, asciende a 8.000 euros.

Finalmente, según ha anunciado este jueves en un comunicado, ha interpuesto denuncia. En ella, argumenta que el pasado 12 de julio la web de EH Bildu Rentería publicó una nota denunciando "el cierre y el robo del local", denominado Landare Elkartea, junto a una imagen del establecimiento.

En la información, explica, se hacía referencia a la sentencia que el Tribunal Supremo había hecho pública el 2 de junio en la que decretaba la clausura y la subasta pública de 111 'herriko tabernas', "incluida Landare Elkartea", por "contribuir económicamente a la financiación de las estructuras de ETA". "La formación calificaba en su web el fallo como 'un robo a mano armada'", destaca.

Además, el colectivo de víctimas ha aportado en su denuncia mensajes publicados en Twitter "desde las cuentas del alcalde y de otros miembros del equipo de Gobierno" contra la sentencia del Tribunal Supremo y el decomiso de la herriko taberna.

Por ello, Covite ha denunciado al Ayuntamiento de Rentería por un delito de prevaricación ya que considera que "concedió la subvención a la herriko taberna a sabiendas de su injusticia y de manera arbitraria" ya que conocía que había sido "decomisada por servir a la financiación de ETA".

"perversión moral"

A esta acusación, el colectivo de víctimas ha unido la de malversación de caudales públicos, teniendo en cuenta que "administraron el patrimonio público encomendado, excediéndose en el ejercicio de su autoridad y causando un perjuicio".

Covite ha censurado que es "una perversión moral que quienes no han condenado a ETA aprovechen su presencia en las instituciones públicas para financiar las estructuras de la banda terrorista".