El Consell de Govern ha aprobado este viernes un decreto ley de medidas urgentes en materia de grandes establecimientos comerciales para resolver las discrepancias con el Gobierno central, que la semana pasada presentó un recurso de inconstitucionalidad que ya ha sido admitido a trámite.

Según ha explicado el conseller de Trabajo y Comercio, Iago Negueruela, este decreto, que entra en vigor inmediatamente, adecúa la normativa balear a la legislación estatal y dará mayor seguridad jurídica.

El Decreto incorpora una disposición adicional por la cual se suspende el otorgamiento de licencias a grandes establecimientos comerciales durante seis meses, para abrir un periodo para articular un mecanismo de procedimiento único de autorización autonómica, que es uno de los puntos de discrepancia con el Gobierno central.

El Decreto ley, que ha sido presentado hoy por Negueruela, recoge también una serie de modificaciones de cariz técnico, tales como el cambio de sentido silencio administrativo, de acuerdo con lo que establece la ley estatal básica.

También se reformulan los requisitos para la declaración de zona de gran afluencia turística de acuerdo con la misma legislación estatal, algo que, según ha explicado el conseller, no afecta a ningún municipio en las islas.

La aprobación de esta medida cautelar tampoco afecta los expedientes en curso, que se tramitarán con normalidad siguiendo la normativa vigente en el momento de su iniciación. De este modo, el decreto sólo se aplicará a solicitudes que se presenten a partir de ahora.

Negueruela considera que este decreto ley de urgencia "da respuesta a las demandas del sector" y "salvaguarda el equilibrio de las islas" adecuando la normativa a la ley estatal.

Aunque el Govern se había mostrado contrario a actuar por medio de decreto ley, ha considerado que en este caso la medida está justificada porque, al haber sido admitido a trámite el recurso ante el Constitucional, la suspensión de los artículos impugnados (13, 14, 22 y 23) entraba en vigor este mismo viernes al publicarse en el BOE.

En este sentido, el decreto ley aprobado por el Govern autonómico también entra en vigor hoy para "evitar la inseguridad jurídica que se podría producir".