El portavoz del Grupo de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, ha criticado la aprobación de la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en la que se "amnistía" a las edificaciones ilegales en el suelo no urbanizable, "lo que implicará que la Vega de Granada y parajes y suelos de alto valor paisajístico, natural y cultural se conviertan en coladeros de especulación urbanística en la ciudad".

El edil de la formación de izquierdas ha asegurado que el último Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la modificación de tres artículos de la LOUA que permite legalizar las viviendas irregulares en suelo no urbanizable anteriores a febrero de 2008 (con una antigüedad de unos seis años) por lo que podrán solicitar su declaración como Edificaciones Asimiladas Fuera de Ordenación, "lo que implicará su legalización".

Para Puentedura, esta medida afectará, especialmente a la Vega de Granada y a entornos naturales como el Valle de Valparaíso, Cerro de los Naranjos de San Miguel y "otros ámbitos singulares que no se encuentran con un nivel de protección especial".

Además, esta "amnistía" implicará más presión urbanística en la Vega y en zonas protegidas, pues "una llamada a más construcciones ilegales es como permitir que se construya en cualquier sitio, que luego llegará la Junta de Andalucía y regularizará la situación", y ha señalado que "estos usos residenciales indebidos degradarán estos espacios naturales no solo por la edificaciones, sino también por lo que ello conlleva en materia de abastecimiento y depuración de aguas, así como carreteras de acceso, tendidos de suministros, basuras y tratamiento que afectarán a suelos de alto valor ecológico que requieren de protección y regeneración".

En la misma línea, el portavoz de la federación de izquierdas ha apuntado "que las líneas correctoras que prevé este plan, ante los impactos ambientales, son claramente insuficiente pues el principal impacto se mantiene y se legaliza que es el tener una edificación donde no se puede construir, con un uso residencial donde no lo puede haber".

Según esta modificación legislativa, "la incorporación de estas viviendas ilegales al planeamiento urbanístico será mediante un censo que obligatoriamente tendrán que hacer los ayuntamientos y que deberán iniciar en un plazo máximo de dos años para que estas edificaciones puedan legalizarse".

El procedimiento administrativo para que esta medida entre en vigor se encuentra actualmente a medio camino con "la modificación de la ley aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que debe ser aprobada por el Parlamento de Andalucía y que está sujeta al trámite parlamentario, con lo cual puede sufrir modificaciones", ha expuesto el portavoz de IU.

Ha anunciado, para concluir, que "pedirá al grupo parlamentario de IU en Andalucía que presente enmiendas para paralizar esta barbaridad y evitar que La Vega y el suelo no urbanizable de la ciudad de Granada se convierta en un coladero de edificaciones ilegales, más de 1.000", ha cuantificado el portavoz.