El valedor do Pobo, José Julio Fernández, ha señalado que en lo que va de año la institución recibió "menos de diez quejas concretas y específicas" en Galicia procedentes del colectivo LGTBI en relación a la vulneración de sus derechos, aunque impulsó otro tipo de actuaciones "genéricas" en su defensa y en respuesta a los problemas planteados por diversas asociaciones y entidades.

En la presentación del informe 'A situación das personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuais e intersexuais en Galicia, unha análise desde o punto de vista do tecido asociativo', que también entregó este miércoles a la presidenta de la Cámara, Pilar Rojo, el valedor ha constatado que se siguen dando "casos de LGTBI fobia, pero en la mayor parte de los casos no se denuncian".

Pese a los avances legislativos de los últimos años y a la "prolija normativa" en vigor, ha constatado que, en el diálogo con las diversas asociaciones, se ha evidenciado que "hay problemas", pero "en muy pocas ocasiones" los miembros de este colectivo hacen uso de las "herramientas legales, administrativas o penales" que les asisten para "hacer valer sus derechos".

"No hay un mecanismo ágil y eficaz para denunciar, por miedo, por vergüenza, por estigmatización o por desconfianza en el sistema no se hace, sobre todo en el rural", ha constatado Fernández, quien ha concretado que las quejas recibidas se ciñen sobre todo al proceso de cambio de sexo, tanto por cobertura sanitaria como por "capacidad técnica médica" para la operación.

Así, ha señalado que en España "hay un problema médico" para afrontar este tipo de operaciones, aunque se dé "el compromiso de los poderes públicos" para la cobertura del cambio de sexo. Por ejemplo, ha señalado que en Galicia "aún no se puede hacer", y ha advertido de que esta situación, una vez que la persona implicada cuenta con todos los informes favorables, debe cambiar.

"Nosotros hacemos presión para que cambie porque entendemos que, una vez que la persona transexual tiene todos los informes favorables, es una cuestión que conecta con su dignidad", ha advertido, para añadir que también está sobre la mesa la polémica acerca de si debería abordarse por los servicios sociales y no en el ámbito sanitario al no tratarse "de una patología".

"educar en la diversidad"

El informe presentado este martes profundiza, sobre todo desde una perspectiva "teórica", en la situación del colectivo LGTBI en la comunidad, a través del diálogo mantenido por el Valedor con las instituciones Chrysallis Galicia, Centros Quérote +, It get's better, Nós Mesmas, Ultreira LGTBI Santiago,

Alas a coruña, Aleas-EU y 7 Cores.

Algunas de sus demandas, de las que se hace eco el documento, pasan por la necesidad de incluir una perspectiva "no discriminatoria" transversal en áreas como la educación, la sanidad, el ámbito laboral, e incluso en las políticas de atención a las personas mayores, entre otras.

Como peticiones concretas, el valedor ha señalado que las asociaciones inciden especialmente en la necesidad de "educar en la diversidad" y "formar" al profesorado, al alumnado e incluso a las familias para prevenir el denominado bullying homofóbico, con especial atención al grupo de menores transexuales escolarizados.

Sus demandas se hacen extensivas también al ámbito sanitario, donde se considera necesario formar a los profesionales para "garantizar una atención más especializada" a este colectivo o por "hacer más fácil", por otra parte, el acceso de mujeres lesbianas o solas a los programas públicos de reproducción asistida.

"avanzar en la igualdad real"

José Julio Fernández ha remarcado que el Valedor reforzó su compromiso con el colectivo LGTBI con las atribuciones que le brinda la Ley gallega de igualdad de trato, que lo reconoce como autoridad independiente para velar por la no discriminación de sus miembros en los ámbitos público y privado, un camino en el que -ha garantizado— seguirá profundizando.

En los últimos meses, ha remarcado, además, que ya resolvió con éxito las quejas tramitadas por particulares al respecto de situaciones de desigualdad de las que eran víctimas, para concluir con un llamamiento a la sociedad y a los poderes públicos a "avanzar en la igualdad real" de los miembros del colectivo LGTBI que viven en Galicia.