La Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha denunciado "una justicia que lleva casi un año parada" con el cambio de juez instructor, al relevar Andrés Lago a Luis Aláez el pasado verano, y pese a entender que existen "muchos argumentos para nuevas imputaciones y para que declaren los responsables de seguridad de Renfe y Adif".

"Una justicia lenta no es justicia", reitera este colectivo de afectados en un comunicado de prensa emitido este martes, a tres días de que se cumpla el segundo aniversario del accidente ocurrido en el barrio compostelano de Angrois, el 24 de julio de 2013, provocando 80 muertes y más de un centenar de heridos.

La nota, de hecho, la encabeza el lema "dos años de humillaciones, engaños y premios a los responsables políticos", y en ella los perjudicados del siniestro exponen su rechazo a que PP y PSOE "sistemáticamente" se han "negado" a constituir una comisión de investigación parlamentaria para dilucidar lo sucedido. "¿Qué es lo que temen? ¿Qué pretenden ocultar? ¿Es esto transparencia y rendición de cuentas?", se preguntan.

Así, acusan de "engaño" tanto al Ministerio de Fomento como a Adif y Renfe, "al apuntar solamente al maquinista como único responsable". Censuran que "mienten gravemente" sobre la línea de alta velocidad Ourense-Santiago, y lamentan que "ningún responsable político ha dimitido".

Es más, advierten de que, "para humillación de las víctimas", algunos "han sido incluso premiados", entre los que cita al antiguo secretario de estado de infraestructuras, Rafael Catalá; el que era presidente de Renfe, Julio Gómez-Pumar; el exministro José Blanco; el nuevo presidente de la operadora y el presidente de Adif.

En su escrito enviado a los medios, esta plataforma de víctimas asegura estar "recibiendo un trato inhumano por parte del presidente de la Xunta", Alberto Núñez Feijóo, del que aseguran que les recibió "con los antidisturbios" el pasado año, en el primer aniversario del siniestro.

Críticas a fiscal, AUDIENCIA,

Adif y renfe

"Un estado que no protege ni defiende a las víctimas", denuncia, en alusión al fiscal del caso, Antonio Roma, al que acusan de solo defender "los intereses de Adif y Renfe, recurriendo por dos veces las imputaciones del juez a altos cargos de estas empresas públicas".

También se refiere esta asociación a la Audiencia, "que le da la razón" a Fiscalía "desimputando a estos", y a una abogada del estado "que acusó al juez Aláez de hacer una inquisición general", cuando, en opinión de las víctimas, "trabajaba por desentrañar toda la verdad".

En esta línea, también reprueban que "ni Adif ni Renfe colaboran con la justicia, pese a la promesa que hizo personalmente la ministra Ana Pastor".

"Las víctimas y familiares tenemos derecho a la verdad y que se depuren todas las responsabilidades", exponen, al recordar que "el accidente se podría haber evitado" y que hubo, a su parecer, "un incumplimiento sistemático de las normas de seguridad ferroviaria".