La Sindicatura de Comptes ha pedido este martes, en la visita que sus miembros han realizado a las Corts Valencianes, "más facultades" para "entrar a analizar las contabilidades" de empresas o de bancos "que han recibido subvenciones". Así lo ha indicado el síndic major, Rafael Vicente, tras el encuentro que ha mantenido con la nueva Mesa de la Cámara autonómica y con los portavoces de los grupos parlamentarios.

Vicente ha señalado que "éste es un elemento fundamental hoy en día" porque es "precisamente en estos entresijos donde se pueden dar los casos más fáciles de fraude y corrupción". Tras ello, preguntado por si esa solicitud surge para evitar situaciones como las de empresas implicadas en casos de corrupción como Gürtel o Cooperación, ha afirmado que "la respuesta es sí", además de precisar que "es consecuencia también de la petición que ha formulado a este respecto el Estado, el Tribunal de Cuentas".

El síndic major ha asegurado que "la revisión de contabilidades, la petición de información a terceros y la petición a los bancos con las facultades del órgano controlador tienen que estar perfectamente reguladas en esta materia". Asimismo, entre las peticiones que realiza la institución que preside ha destacado "la posibilidad de poner multas coercitivas a las entidades que no rindan cuentas" o la de "dar más valor a las recomendaciones como un elemento fundamental con cuyo seguimiento se puedan prevenir los casos de corrupción".

En la visita de este martes a las Corts, el síndic major y el resto de responsables de la Sindicatura de Comptes han expuesto la actividad y funciones de esta institución y han entregado un resumen de su actividad y competencias coincidiendo con el 30 aniversario de su creación.

Por otro lado, preguntado por si la creación de una oficina antifraude impulsada por el nuevo Consell podría chocar y solapar competencias de la Sindicatura de Comptes, su titular ha indicado que no se puede pronunciar "hasta no saber en qué términos se va a plantear" ese tipo de iniciativas.

"tendremos que hablar"

No obstante, ha apuntado que por lo que respecta a la transparencia no hay conflicto porque "queremos ser transparentes con el que más" y ha señalado respecto al fraude que la nueva oficina "es un tema que nos puede afectar, indudablemente". Ha comentado que "ya se está experimentando en algún sitio" como Cataluña o Europa y ha aseverado respecto a la Comunitat que "si se crea aquí tendremos que hablar" porque si se "rozan competencias tendrían que verse".

"Nosotros radicamos en las Corts y se haga lo que se haga en esa materia, indudablemente tendremos que hablar. Nosotros tenemos 30 años contrastados y personal capacitado y en funcionamiento", ha agregado al respecto y en defensa de la institución que representa.

Rematar y "gol a la corrupción"

El presidente de la Cámara autonómica, Enric Morera, ha negado, tras recibir a Vicente, que una oficina antifraude solape competencias de la Sindicatura de Comptes y ha explicado que, según recoge "el Acuerdo del Botànic", esta entidad "acredita la irregularidad y la oficina antifraude es la que remata, actúa y pone en conocimiento de la justicia las cuestiones que se puedan prever como indicios de delito". Ha agregado que así es la Sindicatura de Comptes la que "pone el balón en el punto de penalti" y la comisión antifraude la que remata y mete un gol a la corrupción".

Morera ha comentado, respecto a la visita y la documentación que le ha entregado la Sindicatura de Comptes, que las Corts "aprecian mucho el texto porque es el momento de la responsabilidad y ver qué podemos aportar cada empleado público para mejorar la eficacia de las administraciones públicas".

Rafael Vicente ha aseverado que el documento entregado "sale de los cánones de lo que es la pura fiscalización para convertirse en una especie de memoria resumen de la actividad desarrollada por la Sindicatura en los últimos cuatro años, coincidiendo también con los últimos cuatro años de la legislatura terminada".

De este modo, el presidente de las Corts ha manifestado que "el informe de balance de lo que se ha hecho en los últimos cuatro años y de las propuestas de la mejora de la institución" en favor de "la fiscalización y el control de las administraciones públicas es muy importante" dado que "estamos en un tiempo en el que la transparencia, el rigor y la responsabilidad han de ser la brújula de todos los responsables públicos".

El síndic major ha precisado que el documento presentado a la Cámara autonómica "tiene algunos anexos más interesantes" que su propio contenido, "además de recoger lo hecho" y plantear "medidas de futuro que permitan seguir avanzando en determinadas materias" como las "multas coercitivas" que reclaman para "las entidades que no rindan cuentas".

Igualmente, la Sindicatura de Comptes, que pide a las Corts "alguna nueva normativa puntual para concretar su informe", insiste "en que las cuentas generales de la administración de la Generalitat sean aprobadas por su Consell y ratificadas, en su caso, por el pleno de las Corts a la vista del informe de fiscalización de la Sindicatura", en lugar de votar ese trabajo "en sí mismo como ocurre actualmente".

Asimismo, el síndic major defiende seguir elaborando "informes en materia de auditoría operativa" como los hechos sobre resonancias magnéticas o hemodiálisis. En este punto, ha avanzado que está previsto sacar otro informe sobre dependencia.

Más recursos

Rafael Vicente ha planteado por otro lado, la posibilidad de aumentar sus recursos humanos y materiales para que la plantilla de la Sindicatura de Comptes para que en dos años crezca en unas cuatro personas, sobre todo, "especializadas en materia informática para poder entrar mucho más de lleno en ayuntamientos en los que la informática ya ha calado". También pide renovar equipos informáticos y modernizar servidores.

En esta línea, estima "necesario, tras las restricciones presupuestarias de los últimos años, ampliar su presupuesto un 4 por ciento en 2016 y otro 4 por ciento en 2017 para pasar de los 6,2 millones de euros actuales a 6,7 millones en dos años". Parte de esos recursos se destinarían, asimismo, a la incorporación de ocho técnicos de fiscalización para "reforzar" la del sector público autonómico y la del público local.