El Grupo Municipal de Sí se Puede Valladolid (SIVA) llevará al próximo pleno del Ayuntamiento su propuesta de servicio de mediación hipotecaria, en colaboración con el Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valladolid (Cemicava), con el fin de proporcionar una solución a las personas en riesgo de desahucio.

Así lo ha explicado la portavoz del Grupo Municipal, Charo Chávez, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por Almudena Alonso y Rocío Matilla, en representación del Cemicava.

La propuesta recoge la puesta en marcha de un Servicio de Mediación Hipotecaria, que podría comenzar a funcionar en septiembre y que tendría un coste para el Ayuntamiento —según el ejemplo del puesto en marcha en Terrasa (Barcelona) en 2012— de unos 40.000 euros al año (y gratuito para los usuarios).

Todo ello si se tiene en cuenta una estimación de unos 150 o 200 casos en el próximo ejercicio, dado que el 60 por ciento de estas mediaciones tienen éxito (calculan tarifas por debajo del mercado de unos 580 euros del expediente con acuerdo y 145 sin llegar al mismo).

Chávez ha recordado que ésta es una de las medidas de "rescate ciudadano" incluida en su programa electoral, que espera obtener el respaldo del PSOE y de Valladolid Toma la Palabra, al tiempo que ha incidido en que no es algo novedoso, ya que en la actualidad 28 colegios de abogados trabajan con servicios de este tipo, gratuitos para los usuarios gracias a los convenios firmados con entidades locales, del que se benefician habitantes de más de 1.000 municipios.

Ante ello, ha explicado Almudena Alonso, el Cemicava elaboró una propuesta para que Sí se Puede lo llevara hasta el Ayuntamiento ante un trabajo "conjunto" que considera necesario y que el Centro puede llevar a cabo con los profesionales que tiene, que funcionarían como un turno de oficio para esta cuestión.

Para ello espera que, igual que ocurre en las ciudades en las que existe un servicio similar, las entidades financieras colaboren y se encuentre un interlocutor en cada caso, lo que a veces no ocurre y dificulta llevar a un acuerdo.

Chávez ha aclarado que ese servicio sería "una aportación más" al "rescate de los ciudadanos" pero no sería incompatible con la labor de STOP Desahucios o lo que lleven a cabo otras instituciones en esta línea, ya que es una "apuesta por la suma" para sacar a las personas del sufrimiento generado por la situación económica.

Incremento de desahucios

La portavoz del Grupo Municipal ha justificado la medida en que la crisis ha provocado una situación de "precariedad" en numerosas familias, pero una de las que supone "mayor exclusión" la de los desahucios de vivienda, que se han incrementado desde 2007 y que afectan tanto a las clases bajas como a las medias. En concreto, ha señalado que desde el citado ejercicio, en que se llevaron a cabo 216 ejecuciones hipotecarias, han aumentado hasta las 665 de 2014 y en el primer trimestre de 2015 se han tramitado 146.

En cuanto al número de lanzamientos, también han aumentado progresivamente y han pasado de 194 en 2013 a los 204 el pasado año y los 54 del primer trimestre de 2015.

A este respecto, Chávez ha indicado que evitar los desahucios supone "un acto de coherencia con los principios de igualdad social" y ha apelado al principio constitucional que garantiza el derecho de las personas a disfrutar de una vivienda, también recogido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por ello, se propone este servicios, al que se accedería a través de un formulario en la web de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento o como consecuencia de la derivación al Cemicava por parte de los trabajadores de los centros de acción social o de cualquier entidad reconocida. A este respecto, ha aclarado que no se trata de usar los medios jurídicos del Consistorio, sino de usar los canales existentes para informar y coordinar.

Así, una vez llegara al Centro de Mediación la solicitud o el informe de los centros de acción social, el abogado mediador se pondría en contacto con el usuario para realizar la intermediación o mediación ante el solicitante y la entidad financiera, propietario, Administración o particular afectado.

Se trataría de llegar a una solución satisfactoria para ambas partes, para lo que las actuaciones de asesoramiento y los procesos de mediación se llevarían a cabo en la sede del Cemicava, que ofrecería asesoramiento jurídico, intermediación hipotecaria, mediación o negociación, en función de la demanda realizada por el usuario y acompañamiento a la firma de documentos notariales.

Como ejemplo del impacto económico y social que podría tener este servicio, Chávez ha explicado que el coste de la interposición de una demanda de ejecución hipotecaria puede ser de en torno a los 7.350 euros, a lo que habría que añadir los costes en prestaciones sociales que pueden derivar de una pérdida de vivienda o los daños morales que supone el desahucio para las familias, que a su juicio son "incalculables".