Raúl Ríos, quien estuvo imputado hasta febrero de 2015 por encubrir presuntamente el crimen de la bebé onubense de 16 meses Míriam en Fiñana (Almería), ha recurrido ante la Audiencia Provincial para que se investigue el origen de los mensajes de 'whatsapp' que llevaron a su detención en diciembre de 2012 por parte de la Guardia Civil ya que, según sostiene, "fueron manipulados y sesgados, no correspondiendo" lo "transcrito en las actuaciones" con lo que sucedió realmente", por lo que sería "del todo falsos".

La decisión llega después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Almería, el mismo que instruyó la causa por el rapto y asesinato de la bebé, haya acordado archivar la denuncia que interpuso Ríos ante el Decanato con este fin, y que, por reparto, fue a caer para su investigación en el mismo órgano que le imputó durante meses como presunto encubridor del crimen cometido presuntamente quien era su amigo, Jonathan Moya, y decretó el sobreseimiento para él en febrero de este año.

El recurso, de reforma y subsidiario de apelación y en el que se califica lo denunciado como presuntos delitos de falsedad documental y contra la integridad moral, señala que la fundamentación que da el juez para no investigar la actuación de la Guardia Civil con respecto a Ríos es "absolutamente insuficiente" y critica que se "sustente únicamente en el oficio librado a la propia Guardia Civil solicitando información sobre los hechos denunciados, habiendo remitido este cuerpo un informe, de que no se me ha dado traslado".

"Es de todo punto ilógico —asegura el letrado de Raul Ríos— que el auto de archivo se base en un informe que emite el mismo cuerpo policial que es objeto de la denuncia, no siendo entendible como, sin haber practicado ninguna de las diligencias de prueba propuestas por esta parte, ni siquiera ha tenido a bien recibirme declaración en calidad de denunciante-perjudicado por unos hechos que revisten una gravedad evidente porque se denuncian irregularidades cometidas por la Guardia Civil", subraya.

En su denuncia ante el Decanato, Ríos solicitó, entre otras diligencias, que el Juzgado de Instrucción 2 de Almería entregase "los terminales móviles y todos los elementos necesarios" ya que, "a día de hoy, y tras varias peticiones al juzgado, no se nos ha dado traslado de las tarjetas de los teléfonos que fueron intervenidas a Moya para un informe pericial ni se nos ha informado de la cadena de custodia seguida para preservar los datos contenidos en las mismas".

Remarcaba en su escrito que la "transcripción que se hizo de los mensajes" fue el "motivo argumentado en su día por la Guardia Civil para 'culparme' de los hechos", así como "el mantenido por el juzgado hasta mi desimputación reciente" y calificaba de "autentico calvario" su imputación "teniendo en cuenta el tipo de delito del que fui injustamente acusado, sin que por nadie se hayan atendido mis reiteradas solicitudes de prueba a fin de acreditar la falsedad de los mensajes de 'whatsapp' que sirvieron primero para mi detención y luego para mi imputación".

"No se han atendido mis múltiples solicitudes para poder demostrar que los mensajes unidos a la causa por las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado no son ciertos y han sido manipulados de manera interesada, desconociendo quien ha podido hacer tal cosa pero estando convencido de que se han hecho", apuntillaba para pedir "auxilio judicial" ya que, según remarcaba, no es que se le denegara lo solicitado por el juez instructor, sino que "ni siquiera existió ningún pronunciamiento, causándome todo esto un grave perjuicio".

"simple lectura"

Ríos, quien recordaba que en una carta manuscrita por Moya González "le pide perdón" por su primera versión en la que lo inculpaba, aseguraba que hizo observar al juzgado que "una simple lectura" de las transcripciones de los mensajes "permitía constatar que las conversaciones no están completas, existiendo saltos entre registros" y apuntaba que se veía "con meridiana claridad" que "no coincidían en horas y días con los mismo mensajes transcritos en otra parte del sumario, existiendo un baile entre días y horas de los mismos mensajes".

La denuncia, que tildaba de "sorprendente e injustificado" el hecho de que esos 'whatsapp' "sostuvieran que tenía conocimiento del plan trazado por el hoy único imputado en la causa" mientras que el auto de sobreseimiento concluye que no "resulta indicio alguno" de su "participación en los hechos", solicitó también que se oficiase a la Guardia Civil para que remitiese las cámaras de grabación del día 27 de diciembre de 2012 "durante todo el tiempo que estuve bajo custodia de ellos".

Al hilo de esto, sostenía Ríos que, tras ser detenido cuando acudió "de forma voluntaria" a dependencias policiales, su vida "se tornó en una angustia continúa" y describía un supuesto "trato degradante recibido por la Guardia Civil, que me agredió de forma violenta y sin justificación alguna, sin que se haya entrado en el fondo del asunto hasta el día de hoy, pese a tener ya el sobreseimiento de la causa con respecto a mi persona".

Cabe recordar que el análisis del contenido de los teléfonos móviles intervenidos a Jonathan Moya, para quién la Fiscalía pide 26 años de prisión por el secuestro y asesinato de la bebé Míriam, y cuya investigación judicial solicita Raúl Ríos, dio lugar a un informe de la Policía Judicial que concluía que "era conocedor de las intenciones de su amigo de separar a la menor y a su madre en contra de la voluntad de esta" y que podía asimismo "conocer el paradero de ambos" una vez fue secuestrada el 20 de diciembre de 2012.

El citado informe, a la postre descartado por el instructor como prueba de cargo, indicaba que había "llegado a asesorar incluso a este sobre hacía dónde debía dirigirse y llevar a ambas la mañana del 20 de diciembre" tras el estudio de extractos de los mensajes de texto y de 18 "charlas" usando la aplicación 'Whatsapp'.