Después de que el Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ordenase este jueves el "inmediato desalojo" de la parcela de la calle San Luis que albergaba la sala teatral Endanza, en el sector norte del casco histórico y propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), la Policía Nacional ha consumado sobre las 07,00 horas de este mismo viernes el desalojo de la finca, según han informado a Europa Press fuentes del colectivo que ocupaba la misma sin título alguno.

Según la asamblea del centro social ocupado y autogestionado Endanza, horas después de la emisión del citado auto, a las 07,00 horas de esta misma mañana, la Policía Nacional ha desplegado un amplio dispositivo en la calle San Luis y sus zonas adyacentes, accediendo al interior de la parcela de la antigua sala teatral Endanza. En el interior de la parcela no estaba presente ninguno de los miembros del colectivo, dado que la misma era usada para actividades culturales o artísticas, sin que nadie pernoctase en ella. Las últimas actividades, según los ocupas, se celebraron el lunes y el martes de esta misma semana.

"Ha sido todo por sorpresa", ha explicado un portavoz de la asamblea del centro social ocupado y autogestionado Endanza, según el cual tras la actuación de la Policía Nacional, que habría despertado revuelo entre el vecindario, un grupo de operarios contratados por la Sareb ha sacado de la parcela diferentes pertenencias de los ocupas y ha "tapiado" los accesos a la finca.

A través de un auto fechado el 16 de julio y recogido por Europa Press, la juez Carmen J. Ruiz Mesa da cuenta de que tras la denuncia de Cajastur por la "usurpación violenta y la ocupación del inmueble número 40 de la calle San Luis, propiedad de la Sareb", la citada entidad solicitó "el desalojo" de la finca el 29 de mayo de 2014 y en abril de ese año avisó de que la ocupación se había extendido al número 44 de la calle San Luis. La causa judicial derivada de esta ocupación, recordémoslo, supuso la imputación de once personas.

"inmediato desalojo"

Pues bien, después de que la Fiscalía solicitase también "el desalojo del inmueble dado el tiempo transcurrido desde la denuncia sin que se hubiese desocupado de manera voluntaria", la juez Carmen J. Ruiz Mesa ha ordenado "la medida cautelar consistente en el desalojo de los ocupantes" de los números 40 y 44 de la calle San Luis, librando oficio a la Policía "para que proceda al inmediato desalojo de los inmuebles", extremo sucedido horas después.

Y es que según la juez, "el uso social invocado como causa justificativa de la ocupación no desvirtúa la autenticidad de los hechos, desde el momento en el que se ocupa una morada ajena en perjuicio de otra persona física o jurídica que la ostenta por un título legítimo, la cual nunca ha consentido la ocupación del citado inmueble".

Porque las diligencias practicadas, en efecto, constatan "la existencia de la ocupación ilegal de los inmuebles números 40 y 44 de la calle San Luis por parte del colectivo Andanza, si bien intentan disimularlo alegando el uso social dado a los mismos", es decir actividades culturales, artísticas y políticas que "no justifican la acción".

La parcela de endanza

El origen de la propiedad del edificio, según el colectivo ciudadano que ha ocupado la parcela, se remontaría al Marqués de la Motilla, toda vez que posteriormente fue adquirido por una inmobiliaria quebrada hace más de siete años, lo que finalmente motivó su adscripción a la Caja de Extremadura y, finalmente, su absorción a manos de la Sareb. El colectivo de ocupas alegaba que tras quedar "abandonada", era necesario tomar las riendas de dicha finca para ponerla al servicio de la sociedad.

"El centro social ocupado y autogestionado Endanza es un espacio vivo, abierto al vecindario, utilizado por los colectivos y movimientos sociales de la ciudad. La especulación urbanística, que condenó al abandono y al deterioro a este lugar durante siete años, no puede ser excusa para volver a privar al barrio de un espacio que pretende ser catalizador de diferentes iniciativas políticas, sociales, culturales y artísticas", alegaba el grupo de ocupas, que defiende que según el planeamiento urbano vigente, "buena parte" del recinto ocupado debería ser "de uso cultural o zona verde", precisamente "el uso que hoy día tiene".