La secretaria general de la Federación de Servicio Públicos (FSP) de UGT-Aragón, Alicia Hernández, ha señalado que el 20 por ciento de las residencias de ancianos en Aragón deberían ser inspeccionadas. Ha matizado que la mayoría de este tipo de centros cumple que los requisitos, pero otros deberían modernizarse.

En una rueda de prensa en la sede de la central sindical en Zaragoza, en la que también han intervenido la secretaria federal del sector de Sanidad y Servicios sociosanitarios de

Fsp ugt, Pilar Navarro, y la secretaria del sector de Servicios Sociales de la Federación en Aragón, Angélica Mazo, Hernández ha criticado el ratio de trabajadores por residentes y ha incidido en la necesidad de revisadas.

Estas declaraciones las ha realizado después de que este sábado, 11 de julio, se produjese un incendio en la residencia Santa Fe de Zaragoza, en el que murieron ocho personas, y que fue causado por una residente.

Alicia Hernández ha precisado que esta situación puede ocurrir en cualquier centro de estas características, pero ha agregado que hay que asegurarse de que las residencias cumplen todos los protocolos, y que haya una infraestructura de evacuación correcta en caso de incendio.

"La mayoría de las residencias tienen unas condiciones dignas, pero quedan reductos que no reúnen los requisitos y que deberían ser inspeccionados", ha subrayado.

Problemas mentales

Al parecer, la residente causante del incendio de Santa Fe, al quemar un colchón de una habitación vacía, era una mujer de 62 años con problemas mentales.

"Todos los residentes con problemas de salud, y por tanto los psiquiátricos, deber ser atendidos por el servicio sanitario", ha explicado la secretaria general de FSP de UGT-Aragón.

Ha aclarado que una persona con problemas mentales no debe ser atendida en una residencia, dado que este tipo de centros sólo tiene personal asistencial.

En este punto, ha apuntado en que los cuidadores no son sanitarios y que las residencias no están pensadas para la atención psiquiátrica sino para la geriátrica.

RATIOS

Respecto a las ratios de trabajadores por residentes, ha detallado que hay dos tipos; la que se marca por ley para todos los centros y la que se establece como necesaria para la concertación de plazas.

Del primero, se mantiene una ratio de 0,3 trabajadores, en todas las categorías incluyendo director y portero, en el centro y por residente que se estableció en el decreto de mínimos del año 1992. Así, la residencia Santa Fe cumplía esta ratio.

Hernández ha sostenido que esta normativa está "obsoleta". "Hemos tenido unos cinco borradores de modificación de este decreto que nunca han visto la luz", ha afirmado.

No obstante, la residencia Santa Fe no cumplía la ratio establecida para que se puedan concertar camas, "que el Gobierno del PP rebajo a la mitad de la que existía con el PSOE".

Ha concretado que con el anterior Ejecutivo del PSOE en Aragón hubo "un avance importantísimo de mejora de las infraestructuras de los centros" y que "puso unas condiciones de ratio de personas muy elevado". De esta forma, sólo en lo que respectaba a las auxiliares de atención directa tenía que haber 0,32 para que se pudiesen concertar plazas.

Convenio colectivo

A la situación propia de las residencias en la Comunidad aragonesa, hay que sumar que la negociación del VII convenio colectivo estatal de la dependencia, que afecta a cerca de 9.000 trabajadores en la región, está bloqueada.

La secretaria federal del sector de Sanidad y Servicios sociosanitarios de

Fsp ugt, Pilar Navarro, ha relatado que hace 15 días la patronal rompió las negociaciones. Ha advertido que si en septiembre no se retoman las conversaciones habrá movilizaciones.

Asimismo, ha incidido en la importancia de firmar este pacto laboral para intentar asegurar las condiciones de los trabajadores. Aunque ha reconocido que desde la firma del sexto acuerdo ha habido descuelgues salariales de convenio, que han dejado a muchos trabajadores con el salario mínimo interprofesional (SMI) y en condiciones de "precariedad absoluta".

Ha subrayado que muchos de estos descuelgues no se están realizando como debería, dado que las empresas no presentan la justificación adecuada. Una situación que el sindicato ha denunciado. Además, ha destacado que en los servicios de teleasistencia se han bajado las horas que realizan los empleados.

Pilar Navarro ha expuesto que aunque el Gobierno afirme que se ha salido de la crisis económica, muchas empresas se escudan en que esto no es cierto para no realizar el esfuerzo de subir los salarios a sus trabajadores. De esta forma, los sueldos medios se han quedado entre 700 y 800 euros.