La plataforma ciudadana por una renta básica en Andalucía ha lamentado este jueves el "veto" del Gobierno andaluz a la participación, después de que haya rechazado la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por el colectivo en el Parlamento.

En un comunicado, la plataforma considera que en Andalucía hay una urgencia social para atender a las más de 280.000 familias que carecen de todo tipo de recursos y se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y que la actitud del Ejecutivo andaluz "de argüir motivos presupuestarios para rechazarla es negar esta situación de emergencia".

Por ello, ha pedido al Ejecutivo que permita el debate de la ILP en el Pleno del Parlamento, para que todos los grupos parlamentarios puedan exponer su criterio y opinión al respecto.

Según la presidenta de la comisión promotora que ha presentado este jueves al presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, las más de 40.000 firmas recogidas para poner en marcha la ILP de Renta Básica para la Inclusión Social en Andalucía, Soledad Ruiz, "esta iniciativa tiene por objeto dar una respuesta a la situación de necesidad de una parte de los ciudadanos que se encuentran en situaciones socioeconómicas y laborales tan precarias que no cuentan con recursos económicos".

A su juicio, "no podemos esperar más tiempo para resolver esta situación".

Por su parte, el secretario general de CCOO, Francisco Carbonero,

ha manifestado que "la indignación es mayúscula" porque, al igual que ha resaltado Soledad Ruiz, la gente necesita "una respuesta urgente y no puede esperar dos años más a que este derecho sea una realidad". En su opinión, con hechos como estos "los nuevos tiempos que prometió la presidenta de la Junta, Susana Díaz, son una estafa y un engaño a los miles de ciudadanos que no tienen para comer, para pagar la electricidad y, en definitiva que no tienen para vivir".

Ha pedido que al igual que hay partidas de salario social, de inclusión social o servicios sociales, haya una ley integral mediante la cual los ciudadanos puedan demandar a las administraciones el derecho subjetivo de poder vivir con cierta dignidad.

Ha considerado que el rechazo del Gobierno a la iniciativa es una "burla" a la opción que democráticamente el Parlamento vendió "a bombo y platillo defendiendo que con la aprobación del escaño 110 todos los ciudadanos podían acudir a él a defender sus intereses". Carbonero ha pedido a la Junta que haga público cuántos salarios sociales ha aprobado en este año y cuántas miles de demandas tiene sin resolver.

La ILP, avalada por más de 40.000 firmas y apoyada por la Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía y por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, ambas compuestas por numerosas organizaciones sociales y sindicatos de ámbito andaluz, cumple con todos los requisitos que la legislación establece para ser admitida por el Parlamento andaluz, según la plataforma.

Ha añadido que se trata, además, de un texto "normativo viable económicamente y socialmente necesario y prioritario" ya ha apuntado que es la primera vez que una iniciativa de este calado se pone en marcha en esta comunidad autónoma.

En este sentido, la plataforma lamenta que el Gobierno se escude en que ya está trabajando en la elaboración de otro anteproyecto de ley sobre esta misma materia "y ningunee de esta manera el trabajo ya realizado por la plataforma en defensa de las familias más afectadas por la crisis".

"Es preocupante para la salud democrática que el Gobierno autonómico vete las iniciativas de participación ciudadana y desprecie el trabajo de cientos de personas y de las decenas de miles de andaluces que la apoyan", ha indicado.

Los impulsores de esta ILP consideran urgente la aprobación de esta norma, que reconoce el derecho recogido en el Estatuto de Autonomía a una renta básica que garantice a las personas unas condiciones de vida digna y elimine el riesgo de exclusión social, personal y laboral.