A los propietarios de pisos en la Comunidad de Madrid les resulta cada vez más complicado pagar los gastos derivados de las obras de mantenimiento y conservación de sus edificios. La crisis económica y la paralización de las ayudas públicas han colocado en el último escalón de sus prioridades la rehabilitación de sus comunidades. En concreto, el 37,8% de los propietarios de una vivienda en la región no pueden pagar sus derramas correspondientes, según datos de 2014 del Observatorio de las Comunidades de Propietarios elaborado por el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. En total, esta situación afecta a 695.973 viviendas de la región (hay 1.814.200 pisos en propiedad), según refleja la última Encuesta de Hogares que ha elaborado el Instituto Nacional de Estadística (INE). Madrid, sin embargo, está lejos de los porcentajes de otras comunidades como Canarias (64,10%), Andalucía (55%) y Murcia (53,30%), que se encuentran a la cabeza. La media nacional es del 40,9%.

"La crisis es indudablemente la clave para entender esta situación. A la mayoría de estos propietarios les cuesta asumir estos costes debido que se encuentran en una situación económica delicada debido a que sus ingresos, si los tienen, no son suficientes", explica Manuela Julia Martínez Torres, presidenta del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). "Esta situación está muy extendida. Las familias bastante tienen con intentar hacer frente a sus gastos como para afrontar otros extra que no son esenciales, como es la mejora de las zonas comunes", opina Vicente Pérez, responsable de Urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

Los propietarios de viviendas que no pueden hacer frente a un desembolso importante de dinero tampoco tienen la opcion de mejorar sus edificios con ayudas públicas. "La Comunidad de Madrid sigue con el Plan de Vivienda bloqueado y, por lo tanto, sus beneficiarios, entre otros las comunidades de propietarios, no pueden acceder a los 4.000 euros máximo de ayuda que existe para la conservación y mejora de la accesibilidad de sus viviendas", asegura Martínez Torres.

La administración regional es la única comunidad autónoma que no ha firmado aún el plan de vivienda 2013-2016 que puso en marcha el Ministerio de Fomento. "No hemos firmado porque aún no se han terminado de pagar las ayudas de planes anteriores", han argumentado desde el Gobierno regional. Desde Fomento han explicado, sin embargo, que los flecos pendientes de anteriores planes no impiden acceder a las nuevas ayudas, que podrían rondar los 128 millones de euros: "Está todo preparado la firma", sostienen fuentes gubernamentales. La Comunidad de Madrid aún debe 95 millones en ayudas para reformar casas a 25.000 familias, en algunos casos desde 2001.

La imposibilidad de llevar a cabo reformas en la zonas comunes supone un grave problema de seguridad para los vecinos de los edificios, sobre todo para los que se construyeron a mediados del siglo pasado. "En la región, los edificios que necesitan una intervención con más urgencia son los que construyeron entre los años 40 y 60. Se trata de viviendas que actualmente está ocupadas por gente de la clase trabajadora y pensionistas que no pueden afrontar gastos extra. La mayoría cuenta con instalaciones eléctricas anticuadas y sus viviendas son energéticamente hablando demasiado ineficientes", afirma Pérez.

En Madrid capital, en los años 40, 50 y 60 se construyeron un total de 239.272 viviendas, sobre todo en los distritos de Chamberí (26.263), Ciudad Lineal (24.147), San Blas (19.247) y Carabanchel (19.129), según figura en el último informe de UGT sobre rehabilitación de vivienda. En la región, Getafe (2778), Aranjuez (2.449), Torrejón de Ardoz (2.307) y Alcalá de Henares (2.047) fueron las localidades donde se levantaron más pisos en esos años.

La morosidad en las comunidades de propietarios madrileñas superó los 251 millones de euros en 2014, según el Observatorio de las Comunidades de Propietarios. Esta cifra solo es superada por Andalucía (356) y Cataluña (288). "Se ha incrementado un 2,71% con respecto a 2013 principalmente por los retrasos en el pago de las cuotas de comunidad que presentan las entidades financieras, que siguen adjudicándose inmuebles. Esta morosidad bancaria ya arrastra deudas por encima de los 61 millones de euros", indica Martínez Torres.