El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso presentado por la constructora ASCAN contra el Gobierno de Cantabria por la resolución del contrato para construir un edificio de talleres en Ojaiz.

La administración decidió suspender las obras que habían sido adjudicadas a ASCAN en julio de 2005, dado que carecían de licencia municipal, y la mercantil reclamó una indemnización de 393.000 euros en enero de 2014.

Entonces, la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo desestimó esta petición por silencio administrativo, ante lo que la empresa presentó un recurso en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, que ahora se resuelve.

En una sentencia notificada este miércoles, la Sala admite la tesis del Gobierno regional que respondió al recurso alegando prescripción.

Explica el tribunal que la suspensión de las obras se acordó en julio de 2005 y que el plazo para poder reclamar es de cuatro años desde que se produce la resolución el contrato. Así pues, cuando la Ascan reclamó la indemnización, el 23 de enero de 2014, su acción "ya había prescrito", señala la sentencia.

Además, responde la Sala a la alegación de ASCAN acerca de las dificultades que tuvo para obtener la licencia de obras. Señala el tribunal que la obtención de la licencia es obligación del contratista, por lo que "no cabe trasladar a la administración contratante la responsabilidad por los perjuicios que deriven de su ausencia".

"La suspensión de la ejecución tiene por causa la no obtención de dicha licencia, es decir, una situación incardinable en la sobredicha obligación del contratista, el cual debió prever el impedimento que podría surgir de la no obtención de la licencia municipal", concluye la sentencia.