El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en la Cámara dos solicitudes para que el Consell les entregue los informes técnicos en los que se basan para paralizar la demolición del antiguo hospital La Fe de Valencia, según ha informado la formación en un comunicado.

Así, en la primera petición, dirigida a la Conselleria de Sanidad, se pide copia del informe técnico-económico elaborado por los servicios de infraestructuras de la Conselleria de Sanidad en el que se analizan las alternativas de recuperación o de derribo de la antigua Fe y que "sirvió de base para la licitación de la demolición del referido complejo".

En la segunda se reclama asimismo copia del informe técnico del Servicio de Infraestructuras de la Conselleria, emitido en fecha 2 de julio 2015, e"n base al cual se propone la renuncia a la celebración de contrato de demolición".

Al respecto, el vicesíndic popular, Jorge Bellver, ha afirmado que las solicitudes se basan "en la necesidad de conocer por qué un complejo, que según todos los informes de que disponía el anterior Consell, estaba en avanzado estado de deterioro y tenía un alto grado de amianto, hoy se quiere mantener".

En ese sentido, ha recalcado que la decisión de demoler este centro "no era un capricho" del Gobierno del PPCV, sino que estaba certificado con "informes serios y rigurosos". Por ello, ha recalcado que el PP "quiere saber cuál es el contenido de los informes del nuevo Consell, porque hay dos opciones: o el complejo se ha recuperado por arte de magia o el Gobierno de Puig antepone el 'no' al interés común", ha señalado.

Bellver ha preguntado también "qué pasará ahora con la construcción del nuevo hospital Arnau de Vilanova, que debía construirse sobre el solar de La Fe y que iba a ofrecer un servicio indispensable a los vecinos de la zona".

El vicesíndic popular ha recordado, además, que todos los estudios realizados señalaban que el coste de la demolición y nueva construcción rondaría los 90 millones de euros, mientras que rehabilitar el actual complejo, con los problemas añadidos que tiene de estructura y retirada de fibrocemento alcanzaría los 185 millones de euros.