El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, continúa con las reuniones programadas para recabar información útil con motivo de la elaboración del Informe especial sobre pobreza que la institución está tramitando. Este miércoles ha mantenido un encuentro con el responsable del Albergue Municipal y la Casa de Amparo de Zaragoza, Gustavo García, el técnico, José Antonio Monguilot, y la trabajadora social, Sonia Sánchez.

Responsable y técnicos han explicado al Justicia su visión general del momento actual que atraviesa la atención a las personas sin hogar o necesitadas de los recursos sociales que presta el Albergue que, además de techo y cama, ofrece desayunos, comidas, ropero, servicio de duchas, lavandería, orientación hacia otros recursos complementarios ya sea de inserción socio-laboral, formación, vivienda.

En términos generales, el director del Albergue ha diferenciado tres tipos de usuarios: transeúntes cronificados que llevan más de cuatro años en la calle, muchos con una enfermedad mental evidente pero sin diagnosticar, inmigrantes en situación irregular y personas que están de paso por la ciudad, como pueden ser los temporeros, aunque éstos en menor medida que hace años gracias a los alojamientos que proporcionan las propias fincas.

Gustavo García ha insistido en que no todos los usuarios de los servicios del Albergue carecen de casa ya que hay personas que la tienen pero que, debido a la falta de recursos económicos, no tienen calefacción o les han cortado el agua y se ven obligadas a hacer uso puntual del alojamiento o de otros servicios, como el ropero o las duchas.

El responsable del Albergue ha calificado de muy positiva la coordinación que existe con las entidades privadas que atienden a las personas sin recursos y/o en la calle lo que favorece la complementariedad de los servicios que se prestan.

Por otro lado, los representantes del Albergue han considerado necesario que exista un protocolo de actuación ante la Fiscalía con el fin de poder atender a las personas que están en la calle y que padecen un trastorno mental evidente pero sin diagnosticar y no van a acudir a un centro médico de forma voluntaria, por lo que se hace necesario que sea el fiscal el que promueva un expediente de incapacidad con el fin de que estas personas no queden desatendidas.

El Justicia de Aragón se ha comprometido a intervenir ante la Fiscalía y la Administración de Justicia en Zaragoza para que pueda avanzarse en este sentido.

Respuesta de la administración

También han manifestado la necesidad de que mejore la respuesta que la Administración sanitaria ofrece a las personas sin hogar con una enfermedad mental o un trastorno puntual de tipo psiquiátrico que precisan un atención en un momento determinado y seguimiento posterior, ya sea ambulatorio o de tipo residencial.

En la reunión, se ha tratado la necesidad de reforma urgente de las instalaciones del Albergue, que el próximo mes de noviembre cumplirá 26 años, una reforma material que, según sus responsables, debe ir acompañada de un replanteamiento de los objetivos de trabajo, los equipos y los procedimientos, atendiendo a los cambios sociales, en general, y del perfil del usuario de estas instalaciones, en particular, y todo ello condicionado a las políticas de vivienda y de renta social que puedan definirse en el futuro.