La empresa Fernández Rosillo ha decidido acatar las sentencias y las tres órdenes judiciales de desmantelamiento de la planta de hormigón en la localidad de Penilla de Toranzo.

En consecuencia, la empresa ha solicitado al Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo la licencia para el desmantelamiento de la planta.

Asimismo, Fernández Rosillo ha solicitado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) desistir de las apelaciones que había iniciado contra los tres autos dictados por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos, que ordenaban el derribo de la planta.

Así lo indica este lunes la asociación Ecologistas en Acción Cantabria, que en un comunicado recuerda que desde el 21 de diciembre de 2012 -cuando se anuló la licencia de actividad y de obra de la planta de hormigón como consecuencia de la sentencia del TSJ de enero de 2009, posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo- el alcalde ha "permitido" su funcionamiento "a sabiendas de que carecía de licencia".

"Se ha producido una clara inactividad municipal", sentencia la organización ecologista, para la que, además, no se han realizado las actuaciones tendentes ala "desmontaje" de la planta, como ordenaba la sentencia.

"La empresa Fernández Rosillo llevaba dos años explotando su planta de hormigón sin licencia, sin control ambiental, sin permiso de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y sin que el Ayuntamiento, ni Medio Ambiente, ejerza control alguno sobre su funcionamiento, emisiones, polvo, ruido, etc", denuncia y enumera Ecologistas en Acción.

Recuerda también que el Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo, en el Pleno celebrado el pasado 27 de abril, acordó por mayoría absoluta otorgar autorización provisional a la planta de hormigón, acuerdo contra el que esta asociación inició un recurso de reposición.

A juicio de la agrupación conservacionista, la actuación de las dos anteriores corporaciones locales ha estado "plagada de irregularidades" y sólo la intervención de los tribunales "ha impuesto la justicia".

En este punto, Ecologistas alude a que en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Medio Cudeyo se abrieron unas diligencias penales por las que están imputados tanto el empresario de Fernández Rosillo como el anterior alcalde de Santiurde, Estanislao Fernández.

Además de los fallos de la Sala de lo Contencioso de Cantabria y el Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dictó sentencia en febrero de 2014 contraria a la empresa, que ratificó la sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica y la orden de desmantelamiento de las instalaciones propiedad de Fernández Rosillo, que se encuentran en la zona de policía y servidumbre del Río Pas, LIC (Lugar de Interés Comunitario) de la Red Natura.

A todo lo anterior se suma, según apunta Ecologistas en Acción, que el jefe de Personal de la empresa Fernández Rosillo es "concejal" del Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo "desde hace 28 años", es decir, desde 1987, y ha sido edil del equipo de Gobierno "hasta mayo de 2011".

Y como tal, "ha aprobado adjudicaciones de obras a la empresa para quien trabaja", asegura Ecologistas en Acción, para quien este hecho "puede explicar en parte el comportamiento de las sucesivas corporaciones locales que han favorecido a la citada empresa durante muchos años".

"Llama la atención la persistencia del empresario en mantener en funcionamiento una planta ilegal, pero, si cabe, resulta más sorprendente que dos alcaldes hayan permitido dicha ilegalidad, hasta tal punto de ser imputado penalmente uno de ellos por desobedecer las órdenes de los tribunales de justicia para desmantelar las instalaciones ilegales", resume a modo de conclusión Ecologistas en Acción.