La juez María Núñez Bolaños, dentro del caso de los ERE irregulares, ha acordado remitir tanto al Tribunal Supremo como a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía donde se analiza el uso de las transferencias de financiación por una decena de empresas y agencias públicas.

En una providencia fechada el pasado 26 de junio, a la que ha tenido acceso Europa Press, la instructora acepta la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y ordena remitir tanto al equipo pericial como al Supremo la documentación aportada por la Cámara de Cuentas "relativas a los informes de fiscalización a las empresas públicas" interesadas.

Todo ello al objeto de que, una vez sean examinados estos informes, los peritos de la Intervención del Estado "manifiesten en relación a los informes por ellos entregados y ratificados si inciden en sus conclusiones, así como cualquier otro aspecto que por su interés consideren significativo reseñar, ampliar o aclarar".

En un escrito del pasado 27 de mayo, consultado por Europa Press, el Ministerio Público señala que, en la sesión de ratificación del informe de la Intervención del Estado que tuvo lugar el 26 de febrero pasado, los peritos "manifestaron que no conocían ningún informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas respecto al uso por otras entidades públicas andaluzas de las transferencias de financiación".

Así, Anticorrupción señala que la Cámara de Cuentas ha remitido al Juzgado hasta nueve informes "en los que se hace referencia al uso por la entidad fiscalizada de las transferencias de financiación o de capital", relativos a la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (2004), a Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior (2005) o al grupo de empresas Sandetel, Sadesi y Citandalucía (2007).

"eficiencia y celeridad"

También alude a los informes de fiscalización de regularidad del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (2007), Fundación Andaluza de Servicios Sociales (2004), Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil (2003), Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía (2001), Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (2000), y fiscalización de "las fuentes de financiación y de la gestión de recursos humanos" de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (2011).

"Siendo relevante para la presente instrucción que el equipo pericial cuente con la mayor información y documentación sobre el uso de las transferencias de financiación y de capital por las agencias y empresas públicas andaluzas", la Fiscalía solicitó que se diera trasladado de todos los informes reseñados a los peritos.

Posteriormente, en un escrito fechado el 10 de junio y "por razones de eficiencia y celeridad", Anticorrupción reiteró la petición de acordar la "inmediata" remisión a los peritos y al Tribunal Supremo de los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

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