Así, lo ha señalado este miércoles la portavoz del Consell, Mònica Oltra, en rueda de prensa tras la celebración del primer pleno del Gobierno valenciano, en el que cada conselleria ha propuesto una primera medida de actuación que consideran prioritaria.

Al respecto, Oltra ha explicado que se ha encargado una auditoría sobre todos los servicios sanitarios privatizados y en ese sentido ha recordado que la Sindicatura de Comptes ya señaló en sus informes que si se prestara el servicio de resonancias magnéticas con medios propios de la sanidad pública valenciana "se podría ahorrar hasta 17 millones de euros".

Asimismo, se auditará las concesiones administrativas de los cinco departamentos de gestión privada —Ribera, Manises, Denia, Elx-Vinalopó y Torrevieja— y en el caso de que se detecte algún incumplimiento "se les van a requerir que los cumplan los contratos".

La consellera de Sanidad y Salud Pública, Carmen Montón,

se ha comprometido a "rescindir todos los conciertos posibles para retornar la sanidad a lo público", ha señalado entre fuertes aplausos, y a recuperará las concesiones administrativas y la gestión de las resonancias magnéticas. Mientras tanto aplicarán "un control exhaustivo" de esos conciertos para que "se cumplan los requisitos de calidad y buena gestión que la ciudadanía merece".

Futuro de la antigua fe

Por otra parte, la Conselleria de Sanidad también ha acordado paralizar el concurso para adjudicar la demolición del antiguo hospital La Fe en Campanar hasta conocer el informe técnico que determina el estado en que se encuentra el edificio.

Así, ha explicado que quieren saber primero si existe "una posibilidad de recuperación" del inmueble de la antigua Fe y determinar "cuáles son las necesidades de atención hospitalaria y sanitaria" de este departamento de Valencia antes de decidir si se sigue con "una demolición carísima", que supondría un coste de 18 millones de euros, y que obligaría a la construcción de otro hospital cuando "ahora mismo hay edificios allí", según figura en el concurso de adjudicación.

Al respecto, ha señalado que quieren conocer de "primera mano" este informe técnico, que costó 15 millones de euros a todos los valencianos, y que decía que "el mejor uso que se le podía dar a esos edificios es el sanitario.

La licitación para la adjudicación de este derribo tenía como fecha límite para presentar solicitudes el 19 de junio, pero a petición de las empresas la anterior conselleria dirigida por Manuel Llombart amplió el plazo hasta el próximo 20 de julio de 2015.