Trabajadoras de casas de acogida han alertado este lunes en el Parlamento de Galicia de la "revictimización" a la que se somete a las víctimas de violencia de género cuando se deciden a denunciar a sus agresores, de modo que han pedido más formación para los agentes implicados en este proceso.

Ante la comisión no permanente de estudio para la igualdad y los derechos de las mujeres, Lidia Álvarez, de la casa de acogida que gestionan en Ourense las Adoratrices, ha incidido en que esta "segunda victimización" se da tanto en el proceso judicial como a través de los hijos, pues en muchas ocasiones sus parejas utilizan el régimen de visitas para "seguir agrediendo a las mujeres".

En lo que atañe al proceso judicial, ha denunciado que se practica "una violencia institucional" sobre las mujeres, a las que se "humilla y avergüenza", pese a que la ley gallega contra la violencia de género marca el sentido contrario en este trámite.

Asimismo, María Jesús González, de las viviendas de emergencia de Lugo para víctimas de violencia machista, ha lamentado que "falta especialización" tanto en materia de género como de violencia en los operadores jurídicos, y también en el ámbito sanitario y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por lo que ha respondido a la diputada de AGE Eva Solla que ésta debería ser "obligatoria".

Al hilo de ello, Lidia Álvarez ha juzgado que "falta formación" pero también "sensibilidad", pues "no se están dando muchas órdenes de alejamiento y protección". Como ejemplo, ha puesto los juzgados de Ourense, donde "cada vez la mujer tiene que ir con más cosas para que la crean" y la violencia psicológica "hace meses que no se contempla".

En paralelo, María Jesús González ha sostenido que las casas de acogida también suponen una "segunda victimización", pues es la mujer con sus hijos la que se aparta de su entorno en lugar de hacerlo el agresor. "Él debería dejar el ámbito que él mismo rompió", ha apoyado María Luisa Rodríguez, de la vivienda tutelada de Culleredo (A Coruña), convencida de la importancia de "la sensibilización social" en esta materia.

Acceso al empleo

Tras constatar todas ellas que las mujeres que habitualmente hacen uso de estos recursos, han puesto el foco en la necesidad de que las víctimas de violencia de género logren ingresos y, con ello, la independencia económica.

Al respecto, Gloria Vázquez, de la casa de acogida de A Coruña, ha señalado que "la mayoría de los casos" no consiguen trabajo y que las ayudas a las que pueden optar son "insuficientes" y tardan mucho tiempo en concederse. La Risga, ha concretado, se demora "ocho meses". Igualmente, ha lamentado la escasez de programas de conciliación que se adapten a la situación de estas mujeres.

Y si Lidia Álvarez, ha subrayado que "sólo el uno por ciento" sale con trabajo de las casas de acogida, María Jesús González ha citado un caso en el que se pidió a un empresario modificar el horario de una víctima —facultad que recoge la ley— y optó por "echarla".

Adicionalmente, las cuatro comparecientes han defendido —a preguntas de la parlamentaria del BNG Ana Pontón— que el modelo de gestión de la atención a las víctimas de violencia de género ha de ser "público".

Otro nivel de atención

Otro asunto que han tratado, a instancias de la diputada del PSdeG Carmen Acuña, son las restricciones para atender a mujeres con problemas de alcoholemia o drogadicción, situaciones que son "atenuantes" para los agresores.

Todas ellas han coincidido en que cuando estos problemas son severos, las mujeres no son admitidas para no alterar la convivencia con las otras mujeres y los menos que con ellas residen. "Debería haber dos niveles de atención", ha opinado la directora de la casa de acogida de A Coruña, y María Luisa Rodríguez ha solicitado "una solución" para poder atender estos casos.

Máxime, como ha indicado la encargada de la casa de acogida de Lugo, cuando la drogodependencia y el alcoholismo pueden ser "consecuencia" de la violencia que han sufrido.

Acerca de la "coordinación" entre los agentes implicados para luchar contra la violencia de género, asunto por el que se ha interesado la representante del PP en la comisión, Rosa Oubiña, María Jesús González ha destacado la labor conjunta con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero ha echado en falta una mejor relación con los operadores jurídicos y los profesionales de la sanidad.

Finalmente, por el Grupo Mixto, Carmen Iglesias ha criticado que congregaciones religiosas se hagan cargo de mujeres en situación de maltrato, a lo que la responsable de la casa de acogida de Ourense la ha invitado al centro que gestionan las Adoratrices para conocer de primera mano su funcionamiento.

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