La juez de Instrucción número 10 de Sevilla ha imputado a los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, ya encausados en el caso de los ERE irregulares, dentro de una investigación por supuestos pagos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía a una empresa 'fantasma' dedicada a la informática y la consultoría entre los años 2003 y 2010, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Las mismas fuentes consultadas han precisado, en este sentido, que fue el dueño de la entidad Umax Informática y Consultoría, Ulpiano Cuadrado, empresa con la que la Junta había efectuado contrataciones menores, quien en el año 2012 reclamó a la Administración autonómica el pago de 1,5 millones de euros por la facturación de dos años que no se les había abonado y que se correspondían con el importe de las nóminas de sus trabajadores.

En ese momento, la Administración autonómica analizó el caso y pudo conocer que parte de estos trabajadores prestaban sus servicios en la Dirección General de Trabajo y eran cercanos "al círculo" de Guerrero, entre ellos la exsecretaria de Guerrero, Rocío Sayago, además de un hermano del exdirector de Vitalia Antonio Albarracín, o Laura de la Cruz —cuya imputación en el caso ERE ha sido solicitada por la Fiscalía Anticorrupción por una ayuda de 430.000 euros de 2004 para su empresa El Venero de Móstoles—.

Sólo declaraba el 20%

De lo facturado

Asimismo, y a través de distinta documentación, entre ella de Hacienda, la Junta pudo conocer también que la empresa facturaba a la Administración por unos trabajos que no se realizaban, así como que únicamente había declarado el 20 por ciento de lo realmente facturado, según han indicado las mismas fuentes.

Seguidamente, los servicios jurídicos de la Junta elevaron un escrito a la juez Mercedes Alaya pidiendo la ampliación de la imputación de Guerrero, Márquez o la propia Sayago, todo ello en un escrito en el que denunciaba "la supuesta concertación de la Dirección General de Trabajo con Umax para crear una plantilla de personal al margen de los cauces legalmente establecidos".

Tras señalar que tales hechos "no guardan relación" con la causa, la juez Alaya acordó que el asunto pasara al Juzgado de Guardia para su reparto, recayendo finalmente el caso en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que ha imputado tanto a Guerrero como a Márquez por presuntos delitos de malversación, prevaricación, falsedad y tráfico de influencias.

Citados a declarar

De hecho, el juez había citado a declarar como imputados este mismo martes a los dos exdirectores generales de Trabajo referidos, aunque Guerrero no ha acudido a declarar porque su abogado tenía otro juicio señalado con anterioridad y, en el caso de Márquez, no consta que hubiese sido citado.

Ante el juez ya ha prestado declaración como imputado el administrador de Umax, Ulpiano Cuadrado, que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar, y numerosos trabajadores, que han declarado como testigos de unos hechos que, según las fuentes, cesaron con la llegada a la Dirección de Trabajo de Daniel Alberto Rivera.