El Juzgado de lo Penal número 1 ha sentado este lunes en el banquillo a cinco acusados de falsear certificaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), aunque finalmente la Fiscalía ha retirado tres de las acusaciones y sólo las ha mantenido para el dueño de una gestoría de Madrid y el administrador de un establecimiento de compra-venta de vehículos de segunda mano de Úbeda (Jaén). A estos dos acusados, el Ministerio Público les reclama un año y nueve meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento oficial y el pago de 1.620 euros de multa.

Los hechos ya enjuiciados y vistos para sentencia se remontan a marzo de 2010 cuando los responsables de la ITV de Úbeda alertaron a la Guardia Civil sobre la existencia de vehículos que pasaban la revisión con un sello de la ITV de Tres Cantos (Madrid). Realizadas las oportunas comprobaciones, la ITV de Úbeda había comprobado que las certificaciones con las que venían eran falsas. Todos los vehículos tenían el nexo en común de haber sido adquiridos a través de la misma empresa de compra venta de coches de Úbeda.

La investigación de la Guardia Civil investigó un total de 117 vehículos y se detectó irregularidades en 31 de ellos. Sin embargo, finalmente a juicio sólo se han podido llevar irregularidades en las certificaciones de siete vehículos, ya que el resto se encontraban prescritas.

El responsable de la gestoría madrileña donde presuntamente se manipularon las certificaciones, José G. A., ha rechazado todos los cargos y ha insistido en que él no sacaba ningún beneficio de las presuntas falsificaciones. Sin embargo, los peritos caligráficos han dado como "probable" que los números y firmas que aparecen en las certificaciones manipuladas fueran atribuibles a José G. A.

También el administrador de la empresa de compra-venta de coches, Blas M. B., ha negado también los cargos y ha señalado en el juicio que él se limitaba a mandar la documentación a la gestoría para que se realizaran las transferencias de los vehículos.

Para el Ministerio Fiscal ha quedado probado que José G. A., en connivencia con Blas M. B. manipulaban las certificaciones para "eludir el pago de la ITV" con el objetivo de "ahorrar tiempo y costes".

Por su parte, las defensas de los dos acusados han pedido la libre absolución por entender que contra sus clientes solo hay indicios en los que no se puede soportar una condena ya que los acusados no ganaban nada con dichas falsificaciones y por tanto no hay un objetivo de obtener beneficio.

Además de la pena de cárcel y multa, la Fiscalía, en concepto de responsabilidad civil, ha reclamado que se indemnice a los siete propietarios de vehículos que tuvieron que volver a pasar la ITV por contar con una certificación falsa.