La secretaria general del PP-A, Dolores López Gabarro, ha reclamado a la Junta de Andalucía que impulse urgentemente un encuentro con ayuntamientos y diputaciones para coordinar las políticas antidesahucios, después de las medidas aprobadas la pasada semana en el Consejo de Gobierno, y que los populares no ven sino como una "enmienda a la totalidad" a la ley de vivienda que la administración regional aprobó la pasada legislatura.

En rueda de prensa en Sevilla, López Gabarro ha señalado que esta reclamación busca que dichas medidas lleguen "a todo el que lo necesita" y ha puesto en valor el papel de las administraciones locales, al ser los que conocen estas casuísticas "de primera mano". Por ello, ha abogado por una labor conjunta de las distintas administraciones para que las medidas anunciadas por Díaz "no se queden en un titular".

Recuerda el PP andaluz que el pasado año 2014 uno de cada cuatro desahucios en España se produjo en Andalucía; asimismo, también en el período de la crisis, entre 2007 y 2014, la andaluza fue la comunidad con más desahucios, más de 121.000.

"¿Qué ha hecho la Junta durante estos años para atajar el problema? Vender humo, demagogia, nada más allá de compromisos virtuales", ha lamentado la dirigente del PP-A, que, ha añadido, siempre ha defendido la "cordura" en este punto.

Así, ha lamentado la "demagogia y radicalidad" con que el gobierno andaluz ha abordado las políticas antidesahucios. "Nos han hecho perder mucho tiempo para trabajar en un tema tan sensible", ha agregado, repasando las medidas que el PP andaluz ha llevado al Parlamento y que fueron rechazadas por la administración regional.

De esta forma, ha citado el asesoramiento de la Junta a los afectados, mediación ante las entidades financieras, priorizar el alquiler social, triplicar el parque de vivienda social en alquiler, aprobar ayudas financieras para los andaluces que no puedan pagar sus hipotecas, establecer un programa andaluz de ayudas al alquiler de vivienda para familias en situación de especial vulnerabilidad y llevar a cabo una política de acuerdo entre administración autonómica y corporaciones locales en materia de vivienda.

Si Díaz está dispuesta a "rectificar", López Gabarro alude al "diálogo" para con un tema en el que ha resaltado la "importante labor" que han desarrollado los ayuntamientos, quienes han ayudado a muchos vecinos a hacer frente al pago de su hipoteca, alquiler o suministros, "y lo han hecho a pulmón, con fondos propios".

Aludiendo a los "interrogantes" que quedan abiertos, la secretaria general del PP-A ha instado a la Junta a "dejar la propaganda y el marketing", algo en lo que el PP estará "muy vigilante" para que las medidas aprobadas "sean transparentes y no un arma política en manos de ayuntamientos afines a la señora Díaz".

"ni una" vivienda social ejecutada

Pide que se haga pública la información acerca de cuántos van a ser los posibles beneficiarios de estas medidas, "porque no es igual hablar de decenas, centenas o miles de posibles beneficiarios, sobre todo si tenemos en cuenta los datos de desahucios, que sólo en 2014 en Andalucía fueron 29.600", así como cuál es el presupuesto que el gobierno andaluz va a destinar a ello.

López Gabarro también ha cuestionado si la medida de la compra de vivienda a las entidades financieras supone "la renuncia definitiva del gobierno a la construcción de nueva vivienda social", y ha manifestado que en la pasada legislatura la Junta, a pesar de haber en Andalucía más de 100.000 ciudadanos demandando una vivienda social, no ejecutó "ni una".

"Queremos saber si el gobierno andaluz va a construir nuevas viviendas sociales", ha agregado la secretaria general del PP andaluz, quien ha insistido en que la Junta debe dar esta información a quienes están demandando una vivienda social en Andalucía; al sector de la construcción, para saber si el gobierno andaluz va a impulsar la promoción de vivienda social; a las demás administraciones públicas, como los ayuntamientos que han reservado terrenos para la construcción; y al Gobierno de España, que aprobó un plan con un programa para la construcción de nueva vivienda social por parte de las comunidades autónomas con importantes ayudas, "de las que no se podrán beneficiar los ciudadanos andaluces si el gobierno andaluz se niega a impulsar la construcción".