Los grupos proponentes de enmiendas en el seno del Claustro de la Universidad de Sevilla (US) en lo tocante a la reforma de la evaluación que promueve la Hispalense han alcanzado un principio de acuerdo para una transaccional que supone aplazar el debate del cambio para la supresión de la obligatoriedad de una evaluación continua completa en las asignaturas, con compromiso de abordar la propuesta antes de 2016: los demás aspectos normativos sí se aprobarían.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes académicas, que, con todo, recuerdan que el asunto se encuentra a expensas de que se decida convocar sesión de Claustro. En este sentido, la Mesa del Claustro tiene programada una reunión a partir de las 18,00 horas del próximo martes 23 de junio para abordar la situación vigente y los calendarios a seguir en lo tocante a los plenarios pendientes de celebración, después de que el hasta esta semana rector de la Hispalense, Antonio Ramírez de Arellano, haya dejado su puesto para tomar posesión como nuevo consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía.

La institución está ahora dirigida en funciones por el otrora vicerrector de Ordenación Académica, Miguel Ángel Castro, que debe decidir si continúa con la programación establecida en su momento por Ramírez de Arellano en cuanto a abordar el debate de la mencionada reforma de evaluación y el cambio del sistema de designación del rector.

Si bien el periodo estival —a partir de los primeros días de julio— es inhábil para llevar a cabo Claustros, aún sería posible proceder a la convocatoria de sesión claustral inmediata, al ser necesario que pase un mínimo de una semana hábil entre la misma y la celebración. No obstante, dado que el mandato inmediato de Castro es convocar elecciones —según los plazos, las mismas no podrían darse, como pronto, hasta otoño—, ello parece chocar con el abordaje de asuntos que implicarían modificaciones reglamentarias de calado.

En lo tocante a la modificación del sistema de elección de rector, la convocatoria de Claustro, de llevarse a cabo de manera inmediata, incurriría en la misma problemática que en 2014, cuando el sector C de estudiantes y el sector B de profesorado se opusieron a llevar el asunto al plenario en julio al considerar que se trataba de un periodo "inadecuado, planteado con excesiva premura y sin cubrir previamente el elevado número de vacantes, fundamentalmente gran parte de los estudiantes".